La educaci\u00f3n chilena transita, al igual que la sociedad en su conjunto, por momentos complicados, condicionada por la persistente vulnerabilidad de las comunidades en las escuelas p\u00fablicas (un 80%, seg\u00fan datos JUNAEB 2023). Esta vulnerabilidad se agudiz\u00f3 durante la pandemia, alcanzando un 89% en 2021. Adem\u00e1s, estas comunidades han debido afrontar las dificultades en el proceso de implementaci\u00f3n del Sistema de Educaci\u00f3n P\u00fablica (a trav\u00e9s de los SLEP), que intenta revertir la municipalizaci\u00f3n, indicada como una de las fuentes de inequidad de las pol\u00edticas educativas neoliberales.<\/p>\n
Por otra parte, el aumento de la violencia social ha llevado al gobierno a presentar m\u00e1s de 50 proyectos de ley, adem\u00e1s de la denominada \u201cLey Katherine\u201d, en memoria a Katherine Yoma, docente de una escuela p\u00fablica de Antofagasta que acudi\u00f3 dram\u00e1ticamente al suicidio ante reiterado acoso y amenazas por parte de una alumna y su padre. Su historia nos recuerda a Karin Salgado, trabajadora de un hospital de Chill\u00e1n que se quit\u00f3 la vida por sufrir acoso laboral, dando origen a la vigente \u201cLey Karin\u201d.<\/p>\n
El proyecto de Ley Katherine establece que, ante situaciones de este tipo, \u201cel establecimiento educacional deber\u00e1 adoptar, a la brevedad, todas las medidas de resguardo sicol\u00f3gico y seguridad f\u00edsica que sean necesarias, a fin de proteger la integridad y dignidad de la v\u00edctima<\/em>\u201d (Art. 16 F). En el fondo, lo \u00fanico que hace la ley es obligar a la institucionalidad a tomar medidas para la protecci\u00f3n de los derechos y la dignidad humana de sus docentes, cuesti\u00f3n imprescindible, pero que hasta hace algunos a\u00f1os no se ve\u00eda desde el congreso como imperiosa necesidad, lo que nos obliga a preguntarnos \u00bfpor qu\u00e9 ya no se respeta a docentes y\/o trabajadores p\u00fablicos de la misma forma? \u00bfSe trata de un problema de autoridad generalizado? \u00bfCu\u00e1les ser\u00e1n las consecuencias?<\/p>\n Si bien las respuestas pueden ser m\u00faltiples, algunas consecuencias ya est\u00e1n a la vista. La reiteraci\u00f3n de actos violentos contra docentes, las precarias condiciones laborales y lo vivido en pandemia sin duda han impactado en los deseos de las nuevas generaciones por convertirse en docentes, observando una ca\u00edda de matr\u00edcula pedag\u00f3gica de 35% entre 2018 y 2021, acumulando un descenso de 10,1% entre 2020 y 2024, seg\u00fan datos del Servicio de Informaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior (SIES).<\/p>\n Este problema constituye una fuerte amenaza para el sistema educativo, para el gremio docente y, por lo tanto, para la sociedad en su conjunto. Pone en riesgo uno de los derechos fundamentales que toda sociedad debiera cautelar como uno de sus tesoros m\u00e1s preciados: el derecho a la educaci\u00f3n. En vista de ello, habr\u00e1 que enfocarse en hist\u00f3ricas demandas del gremio: mejoras de condiciones laborales y, sobre todo, una pol\u00edtica de reconocimiento y de respeto al profesorado. Ambos son requisitos indispensables para que cada estamento de la sociedad construya una convivencia democr\u00e1tica real y aut\u00e9ntica desde la educaci\u00f3n, ya que, de lo contrario, el camino que resta es la barbarie.<\/p>\n <\/p>\n David G. Miranda <\/strong> <\/p>\n
\nAcad\u00e9mico Universidad de Playa Ancha,
\nCoordinador Doctorado en Educaci\u00f3n Consorciado<\/p>\n