El sistema de Cr\u00e9dito con Aval del Estado (CAE), creado en 2005, aument\u00f3 de forma considerable el n\u00famero de estudiantes que logr\u00f3 acceder a Instituciones de Educaci\u00f3n Superior (IES). Desde esa perspectiva, cumpli\u00f3 con su prop\u00f3sito. Sin embargo, la evidencia demuestra que tanto para el Estado como para los propios alumnos se termin\u00f3 transformando en una suerte de victoria p\u00edrrica en que los reales ganadores fueron las IES de naturaleza privada.<\/p>\n
Creado con la idea de que los fondos requeridos para financiar el arancel de los estudiantes salieran de la banca privada y no del Presupuesto de la Naci\u00f3n, el poco inter\u00e9s de los bancos por participar en esta modalidad llev\u00f3 al fisco a comprar una parte cada vez m\u00e1s importante de la cartera que licita anualmente. Lo que hace a su vez con un importante sobreprecio.<\/p>\n
En contrapartida, los bancos asumen solo un 10% del riesgo de no pago y reciben un sistema de cr\u00e9ditos subsidiados, con bajas tasas de riesgo, ya que seleccionan la cartera m\u00e1s segura y traspasan al Estado los cr\u00e9ditos m\u00e1s inciertos. De esta forma, las IES, en especial privadas, asumen un riesgo derivado de las deudas de sus estudiantes cuando desertan de los primeros a\u00f1os, lo que equivale a un porcentaje muy bajo de los costos de este mecanismo, pese a que este tipo de financiamiento representa m\u00e1s del 70% de sus ingresos por arancel.<\/p>\n
As\u00ed, lejos de lo presupuestado, la banca ha cubierto solo un porcentaje minoritario del Cr\u00e9dito, vendiendo al Estado casi la mitad de la cartera de deudores.<\/p>\n
Lo anterior transform\u00f3 al CAE en un subsidio directo del Estado hacia la banca y a las IES privadas (CFT, IP y universidades) que encontraron en este elemento una de las claves para financiar sus actividades, posibilitando de esta manera una considerable ampliaci\u00f3n de su matr\u00edcula en medio de un \u00abmercado de la educaci\u00f3n\u00bb altamente desregulado.<\/p>\n
Pese a esta evidencia, y lejos de la promesa de avanzar a un r\u00e9gimen que fortalezca a las universidades del Estado, las se\u00f1ales enviadas hasta ahora por el Ejecutivo apuntan a que el CAE seguir\u00e1 existiendo, aunque tal vez con modificaciones. Una decisi\u00f3n contradictoria, ya que mientras los fondos para ampliar la gratuidad son restringidos, se mantiene un sistema que no solo compite por el uso de los limitados recursos fiscales, aportados por todos los chilenos, los cuales terminan financiando a instituciones sobre las cuales se yergue la sombra del lucro.<\/p>\n
La situaci\u00f3n se torna a\u00fan m\u00e1s preocupante si se considera que el proyecto de Reforma a la Educaci\u00f3n Superior no hace menci\u00f3n a la posibilidad de cambiar las condiciones con que el CAE opera hasta hoy, sino que deja la puerta abierta a que sea la f\u00f3rmula de financiamiento para aquellos estudiantes que no puedan acceder a la gratuidad. Un mecanismo perverso que opera dando gratuidad total a los alumnos que desertan del sistema, no asumiendo ning\u00fan riesgo.<\/p>\n
Ante esa indolencia, y sin \u00e1nimo de validar un modelo cuyo principal m\u00e9rito ha sido consolidar un sistema mercantil en la educaci\u00f3n superior, estimamos necesario avanzar al dise\u00f1o de un nuevo instrumento que traspase parte del costo financiero a las IES y a los bancos que participan de \u00e9l.<\/p>\n
Para ello, debiera crearse un modelo de cr\u00e9ditos privados destinado solo a las universidades que no adhieren a la gratuidad. En ese esquema, las IES debieran responder por el 80% de la deuda contra\u00edda por los estudiantes que desertan antes del egreso y tambi\u00e9n por el 40% del valor de la deuda despu\u00e9s del egreso, traspasando parte de la garant\u00eda estatal a una garant\u00eda privada provista por las IES.<\/p>\n
De igual modo, las IES deben asumir el costo financiero y de administraci\u00f3n de la cartera de deudores, debiendo pagarlo a las instituciones financieras por la administraci\u00f3n de toda la cartera (este costo es menor al 5% del total de los fondos recibidos). Estos costos pueden financiarse con los excedentes de operaci\u00f3n de la actividad educativa en estas instituciones.<\/p>\n
En este contexto, el gobierno mantendr\u00e1 una garant\u00eda estatal, pero limitada al 40% del valor de la deuda una vez que los estudiantes egresan, mientras que las instituciones bancarias que entreguen este financiamiento debieran asumir un riesgo de financiar el 20% del valor de la deuda morosa. Lo anterior, con el prop\u00f3sito de disponer de mayores incentivos al momento de realizar las acciones de cobranza necesarias para la recuperaci\u00f3n de las deudas.<\/p>\n
Consideramos que esta es una propuesta realista que permitir\u00eda mantener el financiamiento privado para los estudiantes e instituciones que no acceden a la gratuidad, reduciendo la carga financiera para el Estado, transfiriendo parte del riesgo y el mayor costo financiero tanto a la banca privada como a las IES que reciben este financiamiento, en caso de que sus estudiantes no deserten. Por otra parte, deben buscarse mecanismos que permitan involucrar a los estudiantes que desertan del sistema IES no incorporadas a la gratuidad que utilizan financiamiento CAE. Es paradojal el hecho de que solo devuelven el cr\u00e9dito aquellos que tienen \u00e9xito y completan su formaci\u00f3n profesional.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1lvaro Rojas Mar\u00edn<\/b>
\nRector
\nHugo Salgado<\/b>
\nVicerrector de Gesti\u00f3n Econ\u00f3mica y Administraci\u00f3n
\nUniversidad de Talca<\/p>\n
<\/p>\n