La reforma a la educaci\u00f3n superior ingresada al Congreso en julio de 2016 inclu\u00eda un cap\u00edtulo para las universidades estatales, el que fue dividido para transformarlo en un proyecto independiente que, seg\u00fan la \u00faltima minuta del gobierno, ser\u00e1 presentado a fines de abril.<\/p>\n
Seg\u00fan el documento, uno de los cambios que se incluir\u00e1n en la ley, es que todos los planteles estatales deber\u00e1n tener una contralor\u00eda universitaria, que tendr\u00e1 atribuciones como fiscalizar el ingreso y uso de fondos, revisar la legalidad de las decisiones de las autoridades y examinar las cuentas de las personas que tendr\u00e1n a su cargo bienes de la universidad.<\/p>\n
Una cr\u00edtica a lo que dispon\u00eda originalmente el proyecto de educaci\u00f3n superior era que de los nueve miembros del Consejo Superior de las universidades, cuatro ser\u00edan representantes del Presidente de la Rep\u00fablica. Ahora, el documento explica que se reducir\u00e1 ese n\u00famero a tres representantes, y el resto de sus miembros estar\u00e1 compuesto por tres integrantes del Consejo Acad\u00e9mico, dos acad\u00e9micos de trayectoria y el rector, quien lo presidir\u00e1.<\/p>\n
En materias de financiamiento, las universidades estatales tendr\u00e1n un sistema diferente al resto de los planteles. Los aportes basales de las universidades del Estado ser\u00e1n a trav\u00e9s del Aporte Fiscal Directo y el Convenio Marco, que es un instrumento que ya se aplica en la Ley de Presupuesto, pero con esto quedar\u00eda regulado en la ley.<\/p>\n
Por otro lado, el proyecto definir\u00e1 a las universidades estatales como \u201cservicios p\u00fablicos aut\u00f3nomos\u201d. En ese sentido, la minuta dice que se modificar\u00e1 la Ley Org\u00e1nica Constitucional 18.575, para permitir que la organizaci\u00f3n, funcionamiento y carrera funcionaria de las universidades no est\u00e9 sujeto a las bases de administraci\u00f3n del Estado y, por lo tanto, resulten menos burocr\u00e1tico.<\/p>\n
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