Abogado Ferrada: “Falta mucho para definir una propuesta concreta”

“Ésta es una crisis muy profunda, que se arrastra por bastante tiempo. Además, la fuerza del movimiento social ha sido tan intenso que obligará a los actores políticos a tomar una decisión sobre este tema, aún cuando, lo más probable, es que no deje conforme a nadie”, expresó Juan Carlos Ferrada, abogado y académico de derecho administrativo y constitucional de la Universidad de Valparaíso.

El profesional -que expuso ayer (martes 23) ante la Comisión Interestamental de la Universidad de Playa Ancha para dar su visión del conflicto estudiantil- sostuvo que durante los gobiernos de la Concertación las reivindicaciones no podían traspasar los límites, porque el país necesitaba superar ciertas etapas y crecer a un cierto ritmo. Hoy en día, esa explicación ya no parece válida.

En este contexto, advirtió que el movimiento social surgido en torno a la educación (especialmente el de nivel superior) ha sido tan intenso, y necesariamente llevará a los actores políticos a tomar una decisión sobre este tema.

Soluciones

Ante las eventuales salidas que podría tener el conflicto, Ferrada prácticamente descartó la posibilidad de que se concrete la aspiración de contar en Chile con una educación gratuita (tal como lo piden los dirigentes estudiantiles), debido a que –según precisó- ello requeriría una reforma tributaria profunda.

“El sistema nunca es gratuito, porque alguien tiene que pagarlo. En este caso, sería el Estado, y la única forma de captar esos recursos es a través de un cambio en el aspecto tributario, y no creo que los actores políticos estén dispuestos a hacerlo. Esa alternativa es muy poco viable”, comentó el jurista.

Agregando que ante esta crisis «hay que buscar fórmulas que permitan alivianar la carga económica que actualmente tienen las familias, pues el 80% de la educación superior lo financian ellas, por medio de becas, créditos de bajo alcance, financiamiento directo a las universidades, congelamiento de aranceles, y vía financiamiento estatal, entre otros”.

Respecto a la propuesta inicial que formuló el Presidente Sebastián Piñera en su discurso del 21 de mayo, en orden a otorgar un subsidio directo a la demanda, Ferrada mencionó que se producirían dos efectos: como esta alternativa sólo considera la docencia, las universidades no contarían con incentivos para desarrollar investigación y extensión. En segundo lugar, el subsidio a la demanda conllevaría a que las instituciones que son más eficientes en el uso de sus recursos sean las que subsistan. Aquí el abogado destacó que esta eficiencia se lograría rebajando los costos, o bien obteniendo mayores ingresos, lo que en el caso de las universidades que tienen una masa poblacional baja no es posible.

El profesional planteó que la propuesta del gobierno aún es demasiado general y que, por lo mismo, requerirá mucho trabajo, no sólo de los parlamentarios, sino también de los actores sociales (Consejo de Rectores, Confech, etc..) para lograr algo más acotado y preciso.

“Socialmente, el conflicto estudiantil ya alcanzó su máximo nivel, por lo tanto, los distintos actores sociales y políticos tendrán que reunirse para alcanzar una solución al conflicto, aunque lo más probable, es que ésta no dejará conforme a nadie”, afirmó Ferrada, quien sostuvo que, hasta el momento sólo se conocen los anuncios, y falta saber de qué manera se implementarán las políticas mencionadas.

Próximas reuniones de la Comisión

Cabe hacer presente que previo al inicio de esta exposición, se presentó ante la comisión un grupo de estudiantes de la UPLA, quienes leyeron una declaración en la cual reiteraron su decisión de no sumarse a esta instancia de análisis.

La comisión en tanto, continuará su trabajo. Esta vez, con la presencia de un economista, para que dé su opinión respecto al financiamiento del sistema universitario y todos sus alcances.