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Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
«Agradezco la deferencia de las autoridades de esta importante institución, la Universidad de Playa Ancha, al haberme invitado a esta ceremonia con motivo de la inauguración del año académico de la Universidad, en el marco de la celebración de los 65 años de su fundación como Instituto Pedagógico de Valparaíso.
Felicito por este aniversario a los integrantes de esta universidad, una universidad con una historia que refleja la fortaleza de su comunidad para salir avante de los obstáculos que, desgraciadamente, enfrentan con frecuencia nuestras instituciones públicas de educación superior. Les deseo a todos ustedes muchos años más de trabajo adicional para proporcionar formación a los jóvenes, para realizar investigación y para mantener el compromiso social que caracteriza a las universidades públicas de América Latina.
Es para mí un honor y un placer compartir con académicos, estudiantes, trabajadores y funcionarios de esta universidad, algunas ideas y reflexiones en torno a los desafíos de la universidad pública latinoamericana en el siglo XXI.
Desarrollaré mi exposición en cuatro apartados: 1) la importancia de la universidad pública en nuestra región y sus aportaciones al desarrollo de la sociedad; 2) el contexto socio-económico en que actualmente desempeña sus funciones; 3) los retos que enfrenta actualmente y en el futuro inmediato. Por último, en el cuarto apartado, aludiré también a la necesidad de redoblar esfuerzos de cooperación regional y colaboración interinstitucional para hacer frente a esos desafíos.
Importancia de la universidad pública en América Latina
La universidad pública latinoamericana ha realizado importantes aportaciones a la sociedad, contribuciones fundamentales para el desarrollo de los países de la región.
La condición de universidad pública implica un claro compromiso con la sociedad en su conjunto, para formar profesionales en todas las áreas del conocimiento, profesionales capaces de desenvolverse en un mundo cambiante y exigente, profesionistas con conciencia, compromiso social y pensamiento crítico. El carácter público las obliga, además, a ser transparentes y a rendir cuentas a la sociedad.
El ejercicio de la autonomía ha sido fundamental para el funcionamiento de muchas de las universidades públicas latinoamericanas. La autonomía, debemos tenerlo presente, no es algo estático, se trata de un atributo en constante evolución y, por ello, también en riesgo de sufrir retrocesos. Es necesario asumir y defender, con responsabilidad, a la autonomía, porque garantiza la independencia respecto de todos los poderes, sean estos económicos, políticos o religiosos. Solo con libertad de pensamiento puede mantenerse una actitud crítica pero propositiva ante la sociedad.
Un atributo significativo de las universidades públicas es su pluralidad. La coexistencia de diferentes puntos de vista, de distintas perspectivas teóricas, de diversas ideologías, antagónicas incluso, es posible por el ejercicio cotidiano de la tolerancia. La tolerancia es la virtud cívica que permite a nuestras instituciones vivir a plenitud su pluralidad. La búsqueda de la verdad y de la belleza en todas sus expresiones, es uno de los propósitos fundamentales de nuestras instituciones y requiere de preparación y creatividad, pero también de la apertura a la opinión del otro, del debate informado, del diálogo y de la posibilidad del disenso.
Por todo ello, la universidad pública es una institución esencial para la vida democrática de los países. Mediante el cumplimiento de sus funciones, desempeña un papel de enorme importancia en la consolidación de los principios y valores colectivos que sustentan la democracia.
De hecho, es en las universidades públicas donde interactúan los diversos sistemas de valores que caracterizan a una sociedad auténticamente democrática. Es allí donde las diversas cosmovisiones científicas y culturales en sentido amplio pueden reconocerse. Es en ese espacio de pluralidad donde los integrantes de una sociedad nacional pueden estructurar su pertenencia social, sin replegarse ni ser excluidos por su identidad étnica, regional, lingüística, cultural, religiosa, por su clase social y mucho menos por su condición de género.
Las universidades públicas han contribuido de manera fundamental al desarrollo de la vida social y a la búsqueda del bienestar de la población. Han contribuido de manera significativa a la construcción de un Estado de derecho, a la promoción y defensa de los derechos humanos y civiles, así como al reforzamiento de la identidad y la cohesión de la nación.
No es exagerado afirmar que en la mayoría de los países latinoamericanos, las universidades públicas han sido y siguen siendo la columna vertebral del sistema de educación superior, que se ha expandido y diversificado en forma destacada. En 2010, año para el que contamos con cifras comparables, el porcentaje de estudiantes de educación superior en instituciones públicas es elevado, aunque presenta grandes diferencias entre los países latinoamericanos. Oscila entre 100 y 60 por ciento en países como Cuba (100), Uruguay (87), Argentina (73), Venezuela (71) y México (68); y alcanza menos del 35 por ciento en países como El Salvador y Paraguay (33), Brasil (27) o Chile (20).
No podemos dejar de decir que entre educación y desarrollo hay una relación directa. Por lo que no sorprende que en muchas de las naciones más desarrolladas del planeta la educación superior sea mayoritariamente pública, lo que no implica que necesariamente sea gratuita. Este es el caso de Dinamarca (98), Australia (92), Finlandia (81). La educación es una función, una responsabilidad irrenunciable para el Estado.
Es fácil argumentar y sostener que la educación es una función, una responsabilidad irrenunciable para el Estado y que, en este sentido, lo es el caso de la educación superior.
Las universidades públicas son instituciones que cultivan la gama más extensa de campos disciplinarios y profesionales, que incluye tanto las ciencias y las tecnologías, como las humanidades y las artes. Gracias a ellas la región cuenta con una diversidad de programas de posgrado de alta calidad y en ellas se lleva a efecto la mayoría de las actividades de investigación científica, social y humanista.
El desarrollo social y económico logrado en la región no podría explicarse sin la contribución y participación de los egresados universitarios. Ellos y los académicos de esas instituciones han tenido y tienen influencia y participación en la definición de las políticas públicas en el ámbito de países de la región, tanto en su diseño como en su puesta en práctica y evaluación.
En el ámbito de la cultura, que es también el de la expresión de las ideas y los ideales, las universidades públicas han hecho aportaciones importantes. En ellas, además de las acciones directas de extensión y de difusión cultural, se han formado los humanistas, los intelectuales y los artistas de diferentes géneros, los escritores, los comunicadores.
La universidad pública también ha hecho aportaciones al sistema político de los países, entendido no sólo como la conformación de la clase política, sino de manera más amplia como la organización del Estado Nación. La universidad pública ha contribuido y debe seguir contribuyendo de manera significativa, a la construcción y consolidación de un verdadero Estado de derecho, a la promoción y defensa de los derechos humanos y civiles, así como al reforzamiento de la identidad y la cohesión de la nación.
Una manifestación del reconocimiento de la importancia de la universidad pública radica en el hecho de que es una de las instituciones que suscita mayor confianza en la sociedad. En la población en general, sobre todo entre los padres de familia, prevalece la expectativa de que los jóvenes alcancen una formación universitaria, aspiración que no está desligada del papel que han tenido las universidades públicas en la movilidad social.
La universidad pública es parte esencial del sistema social, ha cumplido y cumple dentro de él una función especial, –expresada en los términos de sus fines de educar, investigar y extender la cultura– pertenece a la sociedad y está a su servicio. Por ello, y porque se sitúa en la esfera pública, el quehacer universitario es un bien público que adquiere sentido dentro de un proyecto de largo aliento que apunta a la construcción de una sociedad más democrática, más justa y equitativa.
Contexto actual de la universidad pública latinoamericana
Para poder apreciar la dimensión de los retos y compromisos que tiene la universidad pública en nuestros países, es preciso tener claridad sobre las características de la región latinoamericana. En primer lugar, quiero recordar que no se trata de la región más pobre del planeta, pero sí de la que registra los mayores niveles de desigualdad, no hay otra región tan desigual en nuestro mundo como la nuestra.
Con una población de más de 590 millones de personas y una mediana de la edad de menos de 28 años, en América Latina vive uno de cada doce seres humanos. La gran mayoría de los habitantes latinoamericanos son jóvenes, si los comparamos con la cifra de casi 45 años de Japón, los 40 de Europa o los 37 de los Estados Unidos. Por otra parte, cabe destacar que casi una quinta parte, 106 millones, son jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 24 años de edad.
Esto es, América Latina cuenta con un gran “bono demográfico” que puede y debe ser capitalizado en la presente década. El llamado bono demográfico se nos está agotando y en pocos años se acabará la ventaja que implica el hecho de tener un contingente de personas en edad de trabajar mayor al de las personas económicamente dependientes. Si se pierde esa oportunidad, en dos o tres décadas se convertirá en un terrible pagaré poblacional que complicará las posibilidades productivas y de bienestar colectivo.
Sin negar las mejoras significativas que han tenido la mayoría de nuestros países en los ámbitos económico, social y educativo, así como en la construcción de la democracia, es necesario reconocer también que la pobreza y la desigualdad siguen siendo los problemas que más afectan las condiciones de vida de la población latinoamericana. En 2010, esta situación alcanzaba todavía al 31 por ciento de la población, lo que representa 170 millones de personas, de los cuales 70 vivían en condiciones de pobreza extrema.
La desigualdad es un problema histórico y estructural en esta parte del mundo. De hecho, como ya se indicó, América Latina es la región más desigual del planeta. Según datos del Banco Mundial, en 2010 el 10 por ciento de la población de América Latina recibía, en promedio, casi el 39 por ciento de la riqueza, mientras el 10 por ciento más pobre obtenía apenas un poco más del uno por ciento, una diferencia de casi 30 tantos.
Considerada como región, América Latina ocupa la posición 77 en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano, muy lejos de los países de la Europa del euro. Más aún, los diferentes valores de este índice entre los países latinoamericanos confirman las fuertes desigualdades regionales en materia de desarrollo social. Chile y Argentina, por ejemplo, clasifican como países de muy alto desarrollo humano; México, Uruguay o Venezuela tienen nivel de desarrollo humano alto, similar al de varios países de Europa del Este, en tanto que Haití presenta índices de desarrollo de los más bajos del planeta.
Por otra parte, en América Latina es difícil ser joven, como afirma Bernardo Kliksberg. Se estima que dos de cada tres jóvenes viven en situación de fragilidad social debido a que están empleados en actividades precarias, están desempleados o no estudian ni trabajan. En la actualidad, uno de cada dos jóvenes se emplea en la economía informal, por lo cual su nivel de ingreso es mucho más reducido que el de los trabajadores establecidos, al tiempo que carecen de derechos laborales, de seguridad social y de atención a la salud, además de que están en esas condiciones también condenados a una productividad baja.
Este es ni más ni menos el contexto social en el que tienen que trabajar las instituciones públicas de educación superior. Sus retos son enormes cuando se tiene conciencia de que una de las funciones de la educación superior es contribuir a la movilidad social y al mejoramiento de las condiciones de vida de la colectividad.
Desafíos de la universidad pública latinoamericana
Un primer gran desafío de la universidad pública consiste en asumir a plenitud su papel como agente del cambio social en sociedades caracterizadas por graves desigualdades y pobreza. En asumir con claridad que el desarrollo de sus funciones académicas están condicionadas por su contexto histórico y social.
Para aportar al desarrollo económico y social de una mejor manera, las universidades públicas deben superar ciertas condiciones a las que se enfrentan en la actualidad, entre las que cabe destacar: la necesidad de ampliar sustancialmente su cobertura; el reforzamiento necesario de la calidad académica; la consolidación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; así como lograr el financiamiento pertinente para el desarrollo de sus funciones y actividades.
La cobertura de la matrícula universitaria en América Latina es muy baja, inferior por supuesto a la cobertura registrada en los países desarrollados y se ubica por debajo del promedio de la OCDE. En 2010, con una matrícula total de educación superior de 21.4 millones de alumnos, la cobertura promedio en este nivel educativo era apenas de 36 por ciento, con diferencias notables entre los países. Mientras la cobertura en educación superior en Argentina llegaba a 71 por ciento, en Uruguay a 63 por ciento y en Chile a 59 por ciento, en México apenas alcanza 34 por ciento, en tanto que tenemos países con porcentajes menores a 25 por ciento como El Salvador (23), Belice (21) y Honduras (19).
El carácter público entraña la responsabilidad de abrir las puertas del conocimiento a los jóvenes capaces de los estratos sociales más pobres, muchos de los cuales son los primeros de sus familias en acceder a la educación superior.
Es un hecho que la baja cobertura en educación superior, más que un problema de las universidades, lo es de la sociedad en su conjunto, es decir, se trata de un problema que tiene que ser resuelto por el Estado nacional, por los poderes instituidos y por la misma sociedad. Parte de la responsabilidad de las instituciones públicas de educación superior consiste en llamar la atención sobre este tema y presentar propuestas para contribuir a su solución. Un recurso para avanzar en este sentido es, sin duda, la cooperación e integración educativa regional.
Otro desafío fundamental de las universidades públicas consiste en elevar y garantizar la calidad de sus actividades académicas. La necesidad y exigencia de calidad aparece como una consecuencia necesidades sociales o, en todo caso, como una condición necesaria para su cabal cumplimiento.
Es necesario superar el modelo tradicional de la “universidad profesionalizante” y fortalecer los estudios de posgrado, en particular los de doctorado, ya que esto permitirá incrementar las capacidades de investigación de la región y contar con los expertos y profesionales de alto nivel necesarios para lograr una mayor productividad y competitividad internacional.
Un reto crucial para la transición a la economía y la sociedad del conocimiento, radica en la necesidad de que se incrementen sustancialmente las actividades de investigación en todas las áreas del saber. Aunque hay diferencias entre países, la inversión media en investigación y desarrollo en nuestra región es baja, apenas llegaba al 0.69 por ciento del PIB en 2010. El promedio de Europa en ese año fue de 1.83 por ciento, casi tres veces la cifra de nuestra región y de la OCDE 2.28. Además de que hay países como Israel que destina a la investigación 4.4 y Suecia 3.7 por ciento de su producto.
La formación de nuevos investigadores en América Latina, con notables diferencias entre países, es también reducida. En 2010, esta cifra llegó a los cerca de 15,250 en nuestra región, cantidad poco significativa frente a los 53,600 graduados de los Estados Unidos en ese mismo año. En adición, se debe recordar que más de la mitad de los doctores graduados en América Latina correspondieron a Brasil.
América Latina enfrenta también el reto de la innovación. Es cierto que la educación superior y sus instituciones tienen que vincularse más al sector productivo, pero también lo es que el sector productivo tiene que interesarse más en generar y promover la ciencia y la tecnología. Un indicador del rezago al respecto es el dato de que en 2010, del total mundial de patentes triádicas (solicitadas en Europa, Japón y Estados Unidos) que ascendió a 47,500, Latinoamérica sólo aportó 81 registros, el 0.2 por ciento. Además de que únicamente tres países latinoamericanos las generaron: Brasil con 60, México con 12 y Chile con 9 patentes.
El reto de la innovación tecnológica debe ser abordado por las universidades públicas en colaboración con el Estado y la iniciativa privada. La inserción competitiva de nuestros países en el escenario global requiere de ciencia y tecnología propias. Seguir dependiendo de lo que viene de otras latitudes equivale a condenarnos a ser una región maquiladora, a sacrificar soberanía, a hipotecar parte del futuro de nuestras sociedades.
Para enfrentar todos estos desafíos se requiere de un adecuado financiamiento para la educación superior. Considerando únicamente el gasto por estudiante, este es significativamente menor en nuestra región al de los países desarrollados. En dólares para fines comparativos de 2009, Chile y México hicieron una inversión de 6,800 y 8,000 al año, respectivamente. En esta materia, cabe destacar el esfuerzo educativo de Brasil cuya inversión por estudiante alcanzó ya los 11,700 dólares anuales. Sin embargo, en ese mismo año, el gasto promedio por estudiante de la OCDE se ubicó en 13,700 dólares. En la mayoría de los países de América Latina este indicador es muy bajo, por debajo del 50 por ciento.
Importancia de la cooperación interinstitucional en la región
Para enfrentar los desafíos de la universidad pública latinoamericana un recurso importante radica en la cooperación e integración regional. El contexto de historias y culturas comunes y de grandes desigualdades económicas, sociales y educativas en la región, demanda que se hagan los esfuerzos necesarios para lograr una mayor cooperación entre las universidades públicas, lo que contribuiría a reducir las brechas regionales, a apoyar el fortalecimiento de la estructura educativa y a impulsar el desarrollo científico regional.
La cooperación es condición ineludible para que los países latinoamericanos puedan transitar realmente hacia una sociedad basada en el conocimiento. Para ello, las universidades públicas deben adoptar una posición más activa en sus respectivas naciones.
Cualquier propuesta o estrategia común al respecto deberá considerar al menos tres ejes fundamentales: la movilidad regional de académicos y estudiantes; la creación de un nuevo modelo de universidad latinoamericana, y el impulso al Espacio Común Latinoamericano de la Educación Superior y la Investigación.
No partimos de cero, existen proyectos en marcha y una enorme experiencia ganada en el pasado. Podemos impulsar una gran “Carretera del Conocimiento” para que nuestros alumnos y académicos vayan de una institución a otra, de un país a otro, para que el proceso del conocimiento se enriquezca en beneficio de todos. En esto tenemos la referencia del exitoso proyecto Erasmus de la Unión Europea.
Es una responsabilidad de las universidades públicas latinoamericanas incrementar la cooperación interinstitucional para compartir los conocimientos y experiencias sobre los principales problemas, también compartidos, que enfrentan las naciones de la región. Hoy contamos con más herramientas que nunca para reforzar esta cooperación. Las tecnologías de la información y la comunicación nos dejan sin excusas.
Comentarios finales
Frente a los rezagos y retos que enfrenta nuestra región, es imprescindible reivindicar el derecho a la educación, porque constituye la vía primordial para el acceso al conocimiento y para la superación humana, tanto de individuos como de grupos y colectividades.
Concebir a la educación como un derecho humano, lo he repetido incansablemente, es uno de los mayores avances éticos de la historia. A medida que se expande el papel del conocimiento, el derecho a la educación debe garantizarse a un nivel cada vez más alto. Como un bien público y social, la educación superior debe llegar a ser accesible a todos, bajo criterios de calidad, equidad y pertinencia.
América Latina necesita una educación superior que eleve sus capacidades científicas y técnicas, pero también que produzca valores ciudadanos. La educación superior no puede reducir su labor a preparar únicamente buenos profesionales, también tiene el compromiso de formar ciudadanos responsables con valores y principios laicos, que trabajen por una sociedad y un mundo mejores.
La educación superior, sobre todo la pública, es un poderoso instrumento para abatir la desigualdad y la pobreza. Para los sectores más desfavorecidos, constituye un medio importante de movilidad social ya que permite contar con mejores oportunidades de inserción en la vida laboral, social, cultural, política y económica.
Un gran compromiso de las universidades públicas es el de ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. El conocimiento tiene una gran responsabilidad con la humanidad para ayudar a disminuir las abismales desigualdades que caracterizan a muchas de las naciones de nuestra región. El conocimiento no puede ser neutro, tiene que tomar partido por lo humano.
En las universidades públicas se debe participar más activamente como conciencia crítica de la sociedad. Por ello conviene reivindicar la defensa y promoción de las humanidades y las ciencias sociales. Porque la innovación que requieren nuestras sociedades no puede ser únicamente la que proviene de las tecnologías o de las así llamadas ciencias duras. Necesitamos también innovación en lo social. Innovación que a su vez requiere de creatividad para solucionar problemas de siglos como los que nos aquejan.
Para poder empezar a poner punto final a estas situaciones indignas que enfrentan millones de latinoamericanos, es necesario no sólo buscar nuevas soluciones, sino también nuevos enfoques de los problemas. Tal vez lo que ha impedido encontrar esas soluciones, es que no hemos sabido definir claramente los problemas. Y para eso no hay nada mejor que las metodologías, técnicas de los enfoques de las ciencias sociales.
Las humanidades, por su parte, nos dan pistas del pasado, nos describen las experiencias que ya han enfrentado nuestras colectividades, pero también son las disciplinas adecuadas, a través de las artes, la filosofía y la historia entre otras, para atisbar el futuro, para obtener las herramientas que nos permitan ejercer la creatividad y vislumbrar utopías y nuevos caminos para lograr la sociedad equitativa y justa que todos deseamos.
Por todo ello no debemos permitir que las universidades públicas sufran los prejuicios derivados de modelos de desarrollo regidos primordialmente por el culto al mercado y los valores pragmáticos, modelos donde el valor de las personas depende fundamentalmente del éxito alcanzado en términos económicos.
Tengo la certeza de que el trabajo de las universidades públicas constituye uno de los mejores antídotos contra la desigualdad social. Por ello debemos pugnar porque cada vez un mayor número de jóvenes pueda adquirir una formación universitaria pertinente y de calidad. Por ello debemos insistir y convencer a nuestros gobernantes de la conveniencia de incrementar el financiamiento público destinado a la educación superior, la investigación y la cultura.
En el contexto del mundo actual, más global e integrado, en el que varios de los países emergentes van a ser los protagonistas del crecimiento mundial, Latinoamérica tiene un enorme potencial que debe ejercer a lo largo del próximo decenio y que le puede conducir al desarrollo. Parafraseo a Lula Da Silva: “América Latina está cansada del subdesarrollo”. La mejor vía para salir de él es, sin duda, la educación, en particular la superior. Lo es porque con buenos niveles es más fácil construir el porvenir.
Al respecto, vale la pena señalar que en la vida, todos tenemos el derecho de dignificar nuestro futuro, esto vale lo mismo para pueblos que para individuos. En todo caso, la posibilidad incluye también la opción de cumplir con una responsabilidad histórica o la de rehusar esta obligación. A las nuevas generaciones les corresponde actuar en consecuencia.
Deseo fervientemente que optemos por nuestra utopía, por la que deberá ser en dos o tres décadas una realidad diferente a la que hoy nos empaña.
Por su atención muchas gracias. Por la invitación, mil gracias».
