Excluidos de la gratuidad

Señor Director:

 

Con profunda extrañeza y preocupación se ha conocido, a través de diversos medios, la posibilidad que algunas universidades regionales del CRUCH puedan ser excluidas de la política de gratuidad que está impulsando el gobierno y que interpreta a un amplio clamor ciudadano.

Escapa a nuestra comprensión que en la identificación de criterios para universidades regionales públicas se simplifique el análisis considerando principalmente los años de acreditación, sin incluir otros elementos que dan cuenta de la distinta complejidad y contextos en las que estas universidades se desenvuelven.

Las universidades regionales –como es el caso de la Universidad Arturo Prat y de Los Lagos– son las que forman el capital humano y generan conocimiento pertinente a las necesidades locales, animan el quehacer intelectual, promueven la cultura, realizan investigación científica y tecnológica en respuesta a necesidades regionales, cultivan las artes y promueven la identidad regional. Asimismo, atienden la vulnerabilidad y la inclusión social, colaboran con el sector productivo y, en muchas áreas, han sido fundamentales para materializar las políticas públicas y el trabajo de Gobiernos Regionales y Municipalidades de zonas aisladas.

La extrañeza se acrecienta cuando constatamos que figuras nacionales y públicas critican a estas universidades con total desconocimiento de una realidad que varios de ellos han contribuido a configurar. Se trata de universidades que tienen los aportes basales más bajos del sistema y que han sido obligadas a autofinanciarse; son las instituciones estatales menos estatales de Chile, las más descuidadas por el Estado y lo hacen en territorios complejos, con menos población y en consecuencia, con limitaciones para matricular más alumnos en sus propios territorios, en un país que principalmente se ha preocupado de financiar la demanda, en un modelo de mercado de la educación superior. Cabe preguntarse, en un modelo de mercado, ¿a quién se le ocurriría instalarse con casa central en Iquique o en Osorno? A nadie, solo a instituciones estatales o públicas. De hecho, en Chile solo una universidad privada tiene casa central en una región, todas las demás se fueron a Santiago. Así las cosas, estas universidades fueron obligadas a transitar por un modelo de desarrollo de autofinanciamiento a través de la expansión territorial de la matrícula, creando sedes en otros lugares distintos a donde están sus casas centrales. La injusticia más grande con ellas es que cuando deciden e implementan el cierre de sedes para ajustarse a estándares de calidad, disminuyendo significativamente la matrícula, con un inmenso costo para ellas, Chile les vuelve a dar la espalda y no las incorpora en el régimen de gratuidad. Esto no se entiende y nos hace pensar que no entendemos o no queremos entender qué nos pasa como país. Mientras nadie dice nada de un conjunto de universidades que lucran, tienen sus casas centrales en Santiago y se expanden por todo el país, estas universidades públicas en procura de aumentar su calidad hacen lo contrario y reciben como respuesta incomprensible que quedan fuera de la gratuidad.

Por todo lo anterior, no alcanzamos a comprender que una política pública que se supone busca el desarrollo del país, use instrumentos como es el de acreditación, discrimine a instituciones que desde su creación han asumido un compromiso misional, sistemático e irrenunciable con sus comunidades y territorios.

Las dos universidades mencionadas acogen a estudiantes talentosos pero muchos con débil formación académica, provenientes de colegios subvencionados o municipales, hogares vulnerables y de baja escolaridad de sus padres. Sus investigadores contribuyen en áreas importantes del quehacer regional. Ellas ejecutan decenas de programas de extensión del arte y la cultura, y de vinculación con el medio. Ambas universidades reciben un porcentaje mínimo de los fondos estatales tanto para docencia como investigación y extensión. Sus directivos y comunidades académicas son un buen ejemplo de la “voluntad de ser”, como lo poetizó nuestra Gabriela.

En contraste a esta realidad, la política pública podría terminar apoyando a instituciones asentadas en la capital, económicamente solventes, muchas de ellas con implícito afán comercial, con baja matrícula vulnerable, débil compromiso con sus entornos, injustamente receptoras de la mayor parte de las donaciones con beneficio tributario y, entre otras, son las que muchas veces destinan cuantiosas sumas a la publicidad.

Rechazamos este evidente “centralismo cognitivo” a punto de concretarse e invitamos a las autoridades, medios y a la ciudadanía a impulsar políticas públicas que sirvan efectivamente al desarrollo de Chile, pero de todo Chile.

 

Patricio Sanhueza V.
Rector U. de Playa Ancha
Presidente

Juan Cancino
Rector U.C. de la Santísima Concepción
Vicepresidente

Luis A. Loyola
Rector U. de Antofagasta
Vicepresidente

Aliro Bórquez
Rector U.C. de Temuco
Vicepresidente

Agrupación de Universidades Regionales