Una ley de Ues del Estado

 

Señor Director:

Las universidades estatales han debido enfrentar una serie de desventajas: una excesiva desregulación del sistema de educación superior, cargas legales asimétricas (en relación con otro tipo de instituciones) y, en las últimas décadas, el Estado ha asignado aportes basales a sus universidades que no se condicen con su rol en la sociedad.

Por las razones anteriores, ¿el Estado debe adoptar un marco legal especial para con sus universidades? Ciertamente, ellas son parte esencial de las políticas públicas para promover mayor inclusión social, fortaleciendo polos de desarrollos regionales y así promover la descentralización, entre otros objetivos.

Desde el punto de vista de las especificidades, las universidades del Estado, por ejemplo, pueden financiar carreras menos rentables, pero que tienen gran impacto social.

Si estas universidades son parte del stock de capital de la economía y del sector público, un marco institucional debería propender a tomar medidas que impacten creciente y positivamente en la sociedad, para «rentabilizar» socialmente y a largo plazo este patrimonio estatal. Ello, con un vigoroso plan de inversiones, con el mejoramiento de estándares de calidad en el control de la gestión y uso de los recursos públicos y una mirada pública que las conecte más activamente con las regiones y ciudades donde se insertan.

Así, la transmisión de la política pública es directa a través de las universidades del Estado; selección de las áreas prioritarias del conocimiento y con mayor potencial para el desarrollo del país, pluralismo en el acceso y formación, y ciertamente reconocer que el marco institucional en el que se desenvuelven es y debe ser distintivo, por ser parte directa de las políticas públicas.

 

Francisco Castañeda
Profesor U. de Santiago

 

Carta publicada en El Mercurio, sábado 22 de abril de 2017.