Hugo Tórtora: “Conflictos en torno a la Convención no restan legitimidad al actual proceso constituyente”

Una completa visión jurídica y personal entregó el director de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales, Doctor Hugo Tórtora Aravena, respecto al “accidentado” proceso de instalación de la Convención Constituyente que cuenta, hasta el momento, con 155 miembros.

El profesor de Derecho Constitucional sostuvo que es muy difícil suponer, sin conocer datos estadísticos, cuánto podría influir en la opinión pública la imagen o confianza que existe en este órgano democrático, que arrancó el mes de septiembre con la revelación de que Rojas Vade nunca ha tenido cáncer.

“Lo que sí puedo afirmar es que, al menos a mi juicio, los inconvenientes que han existido no restan legitimidad al actual proceso constituyente, ni desde un punto de vista jurídico ni tampoco de la Teoría Política. Es natural que un cuerpo colegiado como el de la Convención, compuesto mayoritariamente por ciudadanos y ciudadanas sin experiencia de representación política previa, sin los acuerdos que acostumbran a tener con anticipación los partidos tradicionales y con una tarea tan novedosa como es la redacción de una nueva Constitución, se enfrente a inconvenientes, los cuales han ido superando prudentemente”, sostuvo el Dr. Tórtora.

NUEVOS AGENTES POLÍTICOS

-¿Cómo evalúa las pugnas y conflictos que se han presentado desde el primer día al interior de la Convención?

– Es bastante habitual. Por una parte, suelen existir choques entre las fuerzas que promueven cambios (más o menos radicales, según el caso) y las fuerzas conservadoras que harán todo lo posible por frenarlos. Además, no debemos olvidar que hay agentes políticos nuevos, como la representación territorial e indígena cuyas pretensiones habían sido postergadas históricamente y que encuentran en este espacio, una primera oportunidad para que sus voces sean escuchadas. Estas y otras variables por cierto tensionan el debate y el proceso, pero es muy común que ello ocurra en los diferentes procesos constituyentes que se viven en el mundo”.

-En relación a la renuncia de Rojas Vade, aún no se hace efectiva ¿Aplica jurídicamente?

“En principio la actual Constitución (conforme a la cual, debemos recordar, él fue elegido para el cargo) no permite la posibilidad de renuncia a la función de convencional por sola decisión individual. Y esto, porque se establece que para los constituyentes rigen las mismas normas que para los diputados y senadores, los cuales no pueden renunciar salvo por una enfermedad grave que les impida el ejercicio del cargo. Habrá que resolver si esta último hipótesis opera para esta situación específica”.

-Pero ya renunció…

“Pero aún no es oficial. Es factible solo si certifica una enfermedad grave. Esta enfermedad debiera ser calificada por el Tribunal Constitucional, si se tratase de un parlamentario. Sin embargo, la Convención acaba de aprobar una norma reglamentaria que dispone que tal calificación, en el caso de los convencionales, le correspondería al Pleno de la propia Constituyente.
En tal caso, nuevamente, si se tratara de un parlamentario, su cupo no podría ser reemplazado de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, la Convención también aprobó recientemente un acuerdo conforme al cual el reemplazo de independientes no apoyados por partidos (este es el caso) se producirá con la persona del mismo género que haya obtenido la mayor cantidad de votos dentro de su misma lista”.

-Además de la renuncia ¿podría ser privado del cargo por otra razón?

“Efectivamente hay una situación que habrá que dilucidar, y se refiere a si Rodrigo Rojas infringió gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, ya que esa es una causal de cesación de del cargo. Esa situación eventualmente podría haberse producido cuando él mencionó en su declaración de intereses y patrimonio, que contaba con una deuda de 27 millones de pesos con una entidad bancaria para costear un tratamiento de quimioterapia a causa de un cáncer que nunca padeció. Esa declaración es falsa y, si bien es muy discutible que aplique, no puede desconocerse que eventualmente podría invocarse para pedir su destitución.

-Estas reglas que menciona ¿son inmodificables?

“Muchas de estas reglas son inmodificables, a menos que se realice a través de una reforma constitucional aprobada en el Congreso. La Convención no tiene atribuciones para cambiar muchas de ellas ya que, nos guste o no, su conformación está determinada por la Constitución vigente. De todos modos, los márgenes de qué es lo que se puede cambiar y que es lo que no se puede cambiar de parte de la Constituyente no son del todo claros hasta el momento”.

-¿Esto corre para la discusión de los dos tercios?

“Así es. Recordemos que el art. 133 de la Constitución dispone que cada una de las normas de la nueva Constitución, así como el reglamento de la Convención, deberán ser aprobados por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de la misma. Esta regla es la que ha de operar, por lo tanto, respecto de estos dos temas específicos. Cualquier otro acuerdo que quiera adoptar la Convención no necesita de dos tercios, sino que se podría realizar solo por mayoría simple.

-Tal como ocurrió con la elección de la mesa…

“Sí. Hoy se han planteado algunas alternativas que permitirían flexibilizar la exigencia de los dos tercios, como es la posibilidad de introducir plebiscitos dirimentes para aquellas cuestiones que habiendo obtenido cierto quórum (por ejemplo, dos quintos), no alcancen los dos tercios. Esa discusión está abierta y, por el momento, es de resultado incierto”.

LO QUE VIENE

-¿Qué es lo que debemos esperar tras la aprobación del Reglamento?

“La Convención Constitucional deberá abocarse de inmediato a la redacción de la nueva Constitución. El plazo con el que cuenta no es mucho. Son solo nueve meses contados desde su instalación, vale decir, del 4 de julio de este año”.

-¿Qué ocurre si a abril de 2022 (que es cuando se cumplen dichos nueve meses) no ha finalizado la redacción de la Constitución?

“Podría acordarse una prórroga por tres meses más, vale decir, hasta julio de dicho año. Eventualmente, en el Congreso, con los nuevos integrantes elegidos en noviembre próximo, podría aprobarse una reforma constitucional que permita una nueva extensión del plazo, lo cual me parecería muy razonable”.

-Para eso ¿se requiere contar con diputados y senadores que estén dispuestos a colaborar con el proceso?

“Exacto. La relación Congreso/Convención no es de una separación radical, sino que probablemente será necesaria contar con este debate parlamentario cuando así se requiera”.

-La Convención es el espacio democrático que se generó después de 30 años, donde hay una amplia representación de distintas organizaciones y movimientos ¿Cree que la falta de experiencia sobre organización colectiva podría jugar en contra para lograr un buen funcionamiento?

“Probablemente la falta de experiencia hará que este proceso sea un poco más lento. Sin embargo, la Convención ha contado con el invaluable apoyo de funcionarios y funcionarias del Congreso Nacional que, en lo administrativo, ha permitido que la dinámica al interior de esta institución tome cierta fluidez. Esta colaboración técnica ha sido fundamental”.

-Entonces, más allá de las dificultades que hemos visto en este proceso inicial de la Convención ¿qué es lo que debemos tener presente al momento de evaluar su funcionamiento?

“Lo importante es precisamente destacar la legitimidad democrática que ostenta esta instancia, muy representativa de la realidad política chilena, diversa, paritaria, con participación de pueblos originarios y con integrantes tanto pertenecientes a partidos políticos como independientes. Es indudable que esto será lo que quedará reflejado en los libros de Historia, y es algo que nadie nos podrá contar porque lo estamos viviendo en directo, día a día”.