Académico de Psicología UPLA brindó perspectivas de la carrera sobre proyecto de ley en Comisión de la Cámara de Diputados

El coordinador de Prácticas de la carrera de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales, y docente del Departamento de Estudios Territoriales y Diálogos Interculturales, Juan Pablo Araya Abarca, asistió como como representante de la Universidad de Playa Ancha a una de las sesiones de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, celebrada en la sala «Inés Enríquez Frödden» en el Congreso Nacional. 

El objetivo de su participación fue dar a conocer el pensamiento de la carrera de Psicología de la UPLA, sobre el proyecto de ley que modifica las normas sobre protección de los derechos de los consumidores para exigir que los dispositivos móviles de información y telecomunicaciones, y los videojuegos, incluyan advertencia sobre los riesgos de su uso desmedido en menores, ciberbullying y niveles de violencia (en primer trámite constitucional).

El trámite de audiencia contó con la asistencia e intervención (presencial y telemática) de diversos jefes, directores, académicos, académicas, investigadores, decanaturas y representantes de escuelas de Psicología de instituciones de Educación Superior de la Región de Valparaíso, es decir, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Viña del Mar, Universidad Andrés Bello, Universidad Santo Tomás y Universidad Adolfo Ibáñez.

La invitación a esta sesión fue efectuada por el presidente de la comisión, Eric Jeldres Cada, y cada representante dispuso de diez minutos para comentar el documento que se les hizo llegar vía correo electrónico, y para dar sus percepciones y visiones especializadas en torno a la necesidad de legislar en relación a esta materia. 

Durante su intervención, el académico Juan Pablo Araya comentó punto por punto el documento recepcionado. Y en torno al aspecto que señala: «Deberá cumplir con la obligación de advertir sobre el nivel de violencia presente en el videojuego respectivo”, hizo notar que no se alertaba sobre los riesgos relacionados con otros contenidos inapropiados para menores de edad (como sexo explícito o consumo de drogas), el tiempo de uso y las posibles interacciones con otros y otras, y riesgos de ciberbullying o grooming (ciberacoso), en caso de ser juegos en línea que integren la participación de más jugadores. 

Si bien el boletín expresa que el ánimo del proyecto no es prohibir el uso de aparatos tecnológicos, dado que según expertos incluso podría tener efectos positivos sobre el aprendizaje de las y los niños a partir de los 18 meses, Araya comentó que el artículo debería advertir que no es recomendable utilizar estos dispositivos en dicho período del desarrollo. 

“Hay suficiente evidencia de que en menores de dos años no debiesen usarse ningún tipo de aparato electrónico. Esta recomendación se fundamenta en los efectos nocivos que pudiese tener este uso y el abuso para el desarrollo cerebral, y el comportamiento en niños tan pequeños. Por otro lado, el empleo de aparatos tecnológicos en bebés y niños tiene indirectamente un efecto sobre las habilidades parentales, dado que los cuidadores, madres o padres, utilizan los dispositivos para contener, tranquilizar, distraer o entretener a sus hijos e hijas, mermando el desarrollo de habilidades de crianza, de sostén y de manejo, en ellas y ellos mismos”, aseguró.

Además, la propuesta señala que la venta o arriendo de videojuegos a los que se accede en formato digital, deberá introducir una advertencia que señale de forma clara el nivel de violencia contenido en el videojuego respectivo, como también, establece que los productos que permitan conexión a plataformas y/o redes sociales e intercambio de mensajes o comunicación con otros, deben advertir y proteger de las graves consecuencias físicas y psicológicas del ciberbullying estableciendo, asimismo, los canales de ayuda y atención a las víctimas de éste, ante lo cual, la recomendación de la UPLA sería “que se incluya también el grooming o el ciberacoso, dada la interacción con otros desconocidos de distintas edades”.

Luego, comentó que en nuestro país existe un etiquetado de videojuegos que advierte de contenido inapropiado (definido por el decreto 51 publicado en febrero de 2017, pero que entró en vigencia el 2 de enero de 2018), que es un reglamento que regula el contenido forma, dimensiones y características de la leyenda que deben exhibir los videojuegos para su comercialización, define categorías compatibles con las regulaciones de las Entertainment Software Riting Board (ESRB) de Estados Unidos y la Pan European Game Information (PGI) de la Unión Europea, y define categorías que advierten sobre contenido inapropiado para menores de edad, incluyendo subcategorías según el nivel de desarrollo de quien las utiliza. 

“Este etiquetado se encuentra en los productos comercializados en nuestro país en los principales sitios de comercialización digital y también en formato físico», aclaró. 

Posterior a las exposiciones de las y los invitados, el diputado Luis Sánchez Ossa comentó: “Es un gusto poder contar con representantes de universidades locales y demostrar la riqueza que existe del estudio del análisis de las distintas disciplinas profesionales en la región. Creo que este es un tremendo ejercicio y hay que repetirlo con otros temas que en el fondo toca discutir habitualmente en el Congreso, que se note que el Congreso está en Valparaíso”. Y, además, realizó la siguiente pregunta a las y los presentes: ¿cómo este acceso a la tecnología descontrolado ha impactado en la calidad de vida de quienes hoy estamos en esta generación?

Tras los comentarios generados por los diversos representantes de las Universidades de la región en torno a tal cuestionamiento, Juan Pablo Araya enfatizó en que se si bien se estuvo hablando de advertencias de riesgos, también existen elementos positivos que se pueden potenciar, a propósito de buen uso de tecnologías en la crianza y de algunos efectos o fenómenos, como la socialización inversa.

Para poner fin a su participación, consideró muy relevante que «el etiquetado lleve código QR para orientar a los padres en caso de que tengan un problema o requieran profundizar sobre alguna información vinculada a la violencia u otras cosas que puedan suceder. En la actualidad, esto es muy fácil de hacer y ocupa muy poco espacio”, concluyó.

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