Este informe no es solo un catastro o conjunto de datos: es una radiografía imprescindible de una realidad estructural de desigualdad que atraviesa el país. Nos permite derribar mitos, confirmar tendencias en base a evidencia y abrir un debate público urgente: ¿cómo es posible que más de 120.000 familias sigan viviendo en campamentos?
1.- Un crecimiento persistente que no puede dejarnos indiferentes
El informe evidencia una preocupante tendencia a la consolidación del crecimiento de los campamentos en Chile. Actualmente, se contabilizan 1.428 asentamientos informales en los que viven 129.548 familias. Si bien, la tasa de crecimiento ha disminuido respecto de catastros anteriores -situándose en un 10,7%-, la expansión sigue siendo constante y alarmante.
La guinda a la torta la constituye el siguiente dato: mientras entre los años 2017 y 2024, según el Censo, la población nacional aumentó un 5,2%, el número de familias en campamentos creció un 196% durante el mismo período. Esta cifra, por sí sola, debería sacudirnos como país y propiciar la movilización de respuestas urgentes.
2. Diversidad, organización y agencia comunitaria
El catastro también permite desmontar imaginarios y estigmas profundamente arraigados sobre los campamentos. Lejos de ser espacios homogéneos o definidos únicamente por la malignidad social, la violencia o el narcotráfico, muchos de estos asentamientos evidencian altos niveles de organización y agencia social.
El 78% posee una directiva activa, lo que da cuenta de una estructura comunitaria articulada. Aunque existen casos de ocupaciones organizadas, la mayoría de las familias en campamentos señala haberse instalado en terrenos en desuso (81%) y sin haber realizado ningún pago (86%).
Además, el 64,7% de los residentes expresa como principal motivación el acceso a una solución habitacional. Estas cifras demuestran que los campamentos no son únicamente territorios de carencia, sino también espacios de lucha, organización y agencia social, cuya existencia debe ser reconocida, valorada y considerada como un activo clave en cualquier propuesta de solución o política pública orientada a abordar esta realidad
3. Causas estructurales, no solamente individuales
El catastro evidencia, nuevamente, que las principales razones para asentarse en campamentos son estructurales: el alto costo de los arriendos, los bajos ingresos, el allegamiento y el desempleo.
Estos factores responden a dinámicas económicas y sociales profundas, que trascienden ampliamente cualquier explicación individualista o culturalista, las cuales tienden a atribuir la responsabilidad exclusivamente a las propias familias por su condición.
Los campamentos son, en última instancia, el síntoma más visible de un modelo de desarrollo económico excluyente y de una política habitacional que no ha sabido adaptarse a las transformaciones del país.
4. Un desafío que interpela directamente al Estado
Otro de los hallazgos relevantes, es que más del 50% de los terrenos donde se emplazan los campamentos son de propiedad fiscal, municipal o del Serviu. Esto implica que el Estado es un actor central -e ineludible- en cualquier estrategia de solución: desde la radicación y urbanización, hasta el traspaso de terrenos.
Lejos de ser una limitación, esta situación debe entenderse como una oportunidad para articular una política habitacional más justa y ambiciosa, que combine recursos, voluntad política y participación ciudadana.
5. La alarmante ola de desalojos forzosos
Por primera vez, el catastro incorpora la dimensión de los desalojos forzosos. Según el informe, 447 campamentos -donde viven 43.583 familias- están amenazados con ser desalojados.
TECHO lo advierte con claridad: los desalojos, independientemente de sus causas, profundizan la precariedad, agravan la exclusión y perpetúan un círculo de vulneración de derechos. Es urgente detener esta práctica que atenta contra el derecho humano a una vivienda adecuada.
6. Valparaíso: una región con una profunda crisis habitacional
La distribución territorial del fenómeno es desigual y, lamentablemente, y de manera persistente, la Región de Valparaíso se consolida como uno de los epicentros de la crisis. Allí se ubican 335 campamentos -el 19,2% del total nacional-, que albergan a más de 30.458 familias. Solo las comunas de Viña del Mar y Valparaíso concentran juntas el 13,7% de todos los campamentos del país.
Además, es una de las regiones con más asentamientos amenazados por desalojos. Este panorama representa la particularidad metropolitana del fenómeno en la región y la necesidad de implementar políticas públicas excepcionales, específicas y urgentes para estas comunas y sus diversos territorios.
Conclusión: Un nuevo catastro frente a un viejo problema
Este nuevo catastro no solo entrega cifras: una vez más, debe interpelarnos profundamente. Nos debe desafiar a repensar el derecho a la vivienda desde una perspectiva estructural, multidimensional y territorial. Chile no puede seguir normalizando que miles de familias vivan en condiciones de precariedad y vulnerabilidad habitacional. Avanzar hacia una comprensión de la vivienda como un derecho humano fundamental no es solo urgente, sino ineludible.
En el actual contexto electoral, esto debe traducirse en un compromiso político concreto: la construcción de un pacto transversal que garantice el acceso a una vivienda adecuada como base mínima para una vida digna, segura y con bienestar para todas las familias del país.
*Nelson Carroza-Athens es también investigador responsable del proyecto Fondecyt Regular N°1241518 “Más allá de la vivienda: un enfoque interdisciplinario para comprender las repercusiones sociales de la crisis habitacional en Chile”.
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