El incendio de Viña del Mar reabre el debate sobre la necesidad de leyes, normas e instrumentos que permitan regular la especulación y el uso de suelo, para la protección del medio ambiente y de la población que habita en ciudades donde el fuego se transforma en la principal preocupación cada temporada de verano.
Así de claro lo plantea Ignacio Rojas Rubio, geógrafo y académico de la Universidad de Playa Ancha, UPLA, quien subraya que, en la actualidad, la política Nacional de Ordenamiento Territorial (OT) se encuentra en proceso de implementación, con su rol central los Gobiernos Regionales con la elaboración de sus Planes de Ordenamiento Territorial (PROT).
Agrega que, si bien este es un proceso progresivo y que necesita un importante compromiso del Gobierno Central para lograr que la política tenga el efecto esperado, la contingencia parece poner en evidencia la pronta regulación y ordenamiento del espacio a escala regional y comunal.
“La pregunta que surge en este momento es si la nueva Política Nacional de Ordenamiento Territorial logrará regular y ordenar el espacio geográfico, para evitar futuros incendios en ciudades como Viña del Mar y Valparaíso, donde la producción y las formas de habitar se dan en una interacción cotidiana con la naturaleza, las quebradas y los espacios verdes. La respuesta a esta pregunta no es fácil de resolver, ya que la historia nos muestra cómo en estas comunas ha existido una profunda desigualdad que ha llevado a mucha población a ocupar lugares con latente riesgo”, afirma el académico.
Si bien las catástrofes son un instante que necesita de respuesta inmediatas, menciona que en Alemania, algunas de sus ciudades se planifican y ordenan con una proyección de 20 a 30 años, lo que -explica- ha permitido organizar el espacio de acuerdo a las necesidades de la población. Rubio asegura que esta visión a largo plazo no ha disminuido la especulación del suelo y la presión sobre las áreas naturales y verdes que se encuentran en cada lugar, ni tampoco evita catástrofes como la que hemos vivido los últimos días.
Por lo anterior, asegura que contar con marcos legales, equipos profesionales, recursos y un Estado local y regional que tenga atribuciones para aplicar la política, es solo un parte de lo que se debe hacer para cumplir el objetivo de mirar el espacio a largo plazo.
¿Pero qué hacer, en concreto? Responde que no solo se trata de aplicar la ley o cumplir las normas, sino también de fomentar la información y participación de los/las dirigentes/as y de la sociedad civil en general; actualizar y vincular los diferentes instrumentos de planificación territorial; generar relaciones entre el sector público y los centros de investigación; elaborar planes piloto para evaluar las consistencias e inconsistencias de forma y contenido que pueda tener la aplicación de la política; promover el diálogo con el sector privado y el reconocimiento del trabajo son algunos de los aspectos que se deben de mirar.
“El megaincendio de Valparaíso del 2014 dejó muchas interrogantes e inquietudes que no han sido, a pesar de los esfuerzos por elaborar planes y programas de riesgo. Así, la necesaria reflexión en torno a estos temas debe incluir la experiencia acumulada, poniendo siempre en el centro de la política, las desigualdades e injusticias que viven millones de personas en el país y que son los más afectados con estos episodios. Es necesario que la política pública vea lo que por décadas se ha invisibilizado y olvidado, para avanzar en una justicia espacial que permita la vida digna”, concluye el especialista.
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