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Hablar de derechos sexuales y reproductivos en tiempos complejos.
Esta fue una de las principales ideas que circuló en el encuentro, realizado el lunes 24 de noviembre, sobre “Derechos sexuales y reproductivos: del reconocimiento a la implementación» en la sede Independencia de la Universidad de Playa Ancha.
Se trató de un seminario organizado -en el marco de las conmemoraciones de noviembre contra las violencias hacia mujeres y disidencias sexogenéricas- por la Dirección de Equidad e Igualdad de Género (DEIG), la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLA, el Programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) de la Región de Valparaíso y la Dirección de Género: Mujeres y Diversidades de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
La actividad se centró en un diálogo abierto desde distintas miradas y con un enfoque interseccional, para abordar aspectos como la autonomía reproductiva, los avances en derechos, las tensiones críticas en la implementación y los desafíos de las políticas públicas en esa materia.
Las palabras de apertura, estuvieron a cargo de María Paz Rengifo Hardy, directora regional de SernamEG; Francisca Bozzo Lara, directora de Género, Mujeres y Diversidades de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso; y Ana Timm Hidalgo, directora de Equidad e Igualdad de Género de la Universidad de Playa Ancha.
La Dra. Timm reconoció la relevancia de este encuentro y de poner en discusión los temas tratados, lo que si bien puede parecer un asunto complejo, resulta interesante y necesario sobre todo en una coyuntura nacional que hace urgente mantener el debate sobre los derechos de las mujeres y disidencias en el espacio público.
Francisca Bozzo Lara planteó que todos los contextos siempre son complejos para el debate sobre esta problemática: “Tenemos avances y en función de esos avances siempre hay sectores que establecen el discurso de retroceder, y por lo mismo reunirnos en torno a la institucionalidad que es lo que no da el contexto, nos permite recordar que estos son espacios donde debemos dar esta conversación” agregando que “es muy importante que tanto las Direcciones de Género, las municipalidades, los equipos de SernamEG y la sociedad civil estén en conocimiento de la norma que existe y cómo la utilizamos para que las mujeres puedan acceder a la salud”.
En la primera mesa del seminario sobre “Desafíos actuales y aproximaciones para consagrar Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSSyRR) con perspectiva interseccional” intervino la abogada Lieta Vivaldi, quien se refirió a la agenda de los movimientos de extrema derecha en contra de los derechos sexuales y reproductivos para restringir la autonomía y los derechos que son parte de la democracia.
Respecto a un asunto de pleno interés, como es la baja en la tasa de natalidad y cómo los grupos de derecha pretenden vincularla con las prácticas de aborto, la profesional recalcó que no existe relación en ello, puesto que este ocurre independiente de la criminalización, y que su regulación sigue siendo un asunto de salud pública y de igualdad, no un instrumento de política demográfica.
En particular, se refirió a que la baja de natalidad obedece principalmente a las condiciones materiales que se viven, y no al aborto.
Sobre a la actual Ley Nº 21.030 que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres situaciones específicas y al proyecto de ley que se discute en el parlamento para ampliar este derecho, manifestó que si bien esta iniciativa tiene poco futuro, puede servir para tener al aborto en debate, sobre todo en un contexto cuyas cifras indican que en siete años, más de seis mil mujeres han interrumpido su embarazo con base en las tres causales que la legislación indica.
Esto ha significado, explicó la profesional, que no se han registrado muertes maternas durante ese período lo que demuestra que la Ley funciona pese a las limitaciones o barreras en su implementación, aunque la criminalización del aborto aún persiste como lo demuestran diversos estudios.
En la misma mesa, intervino también la antropóloga social Andrea Álvarez Carimoney, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y experta en estudios de salud sexual, reproductiva y de género, quien enfatizó en la necesidad de persistir y dar más espacios a los debates y compartir argumentos a favor de los derechos sexuales y reproductivos, y a describir en detalle la Ley 21.030, su implementación y las causales más recurridas.
También, argumentó que en rigor, la cifra por interrupción voluntaria del embarazo en el contexto de la normativa legal, es marginal en relación al número total de abortos que se registran en el país, datos que se pesquisan en salud pública a través de estimaciones indirectas y cuya cifra más conservadora, según la profesional, se presume en unos 30 mil hasta unos 150 mil al año.
Además, detalló, que aún siendo ésta una cifra amplia, no se ve reflejada en cifras de muertes materna por aborto, principalmente a causa de la irrupción del método farmacológico, lo que representa una forma más segura incluso en condiciones de clandestinidad fuera de los protocolos clínicos.
La académica presentó investigaciones y diversos datos respecto de trayectorias de uso de medicamentos, prácticas que no siempre se realizan en presencia de profesionales de la salud, ya que en algunos casos es relevante el uso de ecografías pre y post aborto. Asimismo detalló que muchas veces la situación de clandestinidad se da en un nivel donde hay más dificultades para la obtención de los medicamentos o por el desconocimiento de un protocolo adecuado para realizar el proceso.
Derechos sexuales y experiencias en salud pública
La segunda mesa de la jornada, se inició con la exposición “GES 86 Violencia Sexual Aguda y el paradigma de la “buena víctima”, a cargo de Piedad Carmona Díaz, enfermera titulada en la Universidad de Playa Ancha y coordinadora del Programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos del SernamEG, ejecutado por la Dirección de Género, Mujeres y Diversidades de la I. Municipalidad de Valparaíso.
En su intervención explicó el concepto de violencia sexual enfatizando en la necesidad de romper el imaginario de que ésta ocurre principalmente fuera del hogar o es ejecutada por desconocidos.
También, se refirió a las cifras de violencia sexual cuyas situaciones quedan sin ser denunciadas y fuera del sistema de salud, lo que complejiza abordar la dimensión real de esta violencia específica, cuyas sujetas son principalmente niñas, mujeres y personas asignadas con sexo femenino al nacer.
En cifras, la profesional dio cuenta que en el año 2022 más de 1.580 personas requirieron atención en el sistema de salud por violencia sexual aguda, donde el 29% correspondía a niñas y jóvenes de 10 a 17 años.
Por otra parte, detalló las características de esta Garantía Explícita en Salud conocida como GES 86, la relevancia que se le da a la denuncia como verificador de los hechos y las dificultades que enfrentan quienes trabajan en el ámbito de atención a sujetas de violencia sexual en el sistema público.
La realidad de las personas trans en la salud pública, estuvo presente en la segunda ponencia de la mesa, “Experiencia y desafíos en la atención de salud de personas trans y género diverso del Policlínico de Identidad de Género del Hospital Carlos Van Buren”, a cargo de la médica Justine Thauby De la Torre, coordinadora de dicho recinto asistencial.
En su presentación, se refirió a su experiencia en el ámbito de la salud trans, las problemáticas que suelen enfrentarse y la realidad compleja basada en prejuicios y desinformación.
Para representar las dificultades, presentó los datos de la Encuesta T, Primer Estudio Nacional sobre Personas Trans o de Género No Conforme desarrollada en 2017, cifras que reflejaron los índices de violencia y discriminación que dificulta el ejercicio de los Derechos Humanos fundamentales para esta comunidad en los sistemas educativos, de acceso a la salud y en la vida cotidiana.
Asimismo abordó que más allá de los avances existentes en este campo, la institucionalidad debe hacerse cargo de resguardar políticas adecuadas que impidan la patologización, las prácticas discriminatorias y apunten a garantizar el acceso y plenitud de derechos en materia de diversidad sexual y de género.
