Educación: derecho social

En 2016 las Universidades del Estado de Chile ingresaremos por primera vez en nuestra historia a un inédito sistema de gratuidad, mediante el cual los alumnos de los sectores más vulnerables de la sociedad chilena estudiarán una carrera universitaria sin tener que gastar dinero ni endeudarse por años. Por lo anterior, nos enorgullece decir que después de tantos años de lucha, en Chile estamos dando pasos firmes y sin retorno, para considerar a la Educación como un Derecho Social fundamental.

Esa lucha tuvo como punto cúlmine las movilizaciones estudiantiles de 2011. Hoy la sociedad debe reconocer que las cientos de marchas y los miles de jóvenes que creyeron en un ideario respecto a la gratuidad y calidad, sirvieron e impulsaron los revolucionarios cambios que hoy se hacen en el sistema.

Digo revolucionarios, pues esperamos cambiar la dirección en que iban las cosas, y quienes pensaban en la educación como un bien de consumo y entregada 100% al mercado, hoy asumen que no pueden ir contra la voluntad y el deseo de millones de chilenos. Sin embargo, en el Consorcio de las Universidades del Estado (Cuech), aún creemos que puede ser perfectible.

Para ejemplificar pondremos el caso de la Universidad de Antofagasta, en la cual estimamos que la gratuidad abarcará unos 2.200 alumnos de todos los niveles, lo que se traduce en un 33% de los primeros cinco deciles. Pese a que el Estado nos aportará nuevos recursos para el financiamiento del sistema, quedará una brecha que deberá ser cubierta por cada plantel, la que en el caso de la UA será de unos $ 350 millones.

¿De dónde sacaremos los recursos faltantes si el aporte basal del Estado sigue siendo deficiente? Creemos que la mejor forma de subsanar esa situación es precisamente aumentando el financiamiento basal vía Aporte Fiscal Directo (AFD), tal como lo planteó el gobierno anterior en torno al 5% durante los próximos 10 años.

Por otra parte, también sugerimos la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), el cual genera una lucha perversa entre las instituciones por atraer a sus aulas a los mejores puntajes. En el 2015, sólo cuatro universidades se repartieron el 51% de los recursos asignados mediante esta fórmula, los cuales en total superaron los $24 mil millones.

Creemos que el AFI debe terminar por ser además altamente discriminatorio; sin embargo, planteamos que esos recursos financieros deben seguir estando a disposición de las universidades, bajo un sistema de reparto más justo que tenga como pilar las necesidades específicas de cada plantel, así como el entorno donde trabajan. En regiones el panorama es muy distinto al de la capital.

Estamos convencidos en el Cuech que la senda de los cambios en el sistema universitario va por buen camino, aunque falte detallar aspectos como el trato especial que ameritan las universidades del Estado y la regulación en sí de nuestro sistema mixto, pero la senda tiene ahora una dirección clara, avanzar y avanzar, salvando todos los obstáculos que nos pondrán, hacia una educación chilena concebida y asimilada como un Derecho Social.

 

Opinión publicada por La Tercera, martes 17 de noviembre de 2015.