Calidad por sobre todo

Las instituciones de educación superior enfrentan una encrucijada. Por un lado, la sociedad les exige niveles crecientes de inclusión, equidad y estándares de calidad cada vez más elevados, mientras, por otro, el Estado cambia de manera gradual su relación con ellas, avanzando en el establecimiento de mayores cuotas de regulación y fiscalización, tan necesarias en un sistema educacional altamente desregulado, como el chileno.

Así las cosas, el sistema de educación superior debe responder a las demandas de la sociedad y del Estado, no solamente abriendo sus puertas a nuevos estudiantes y de acuerdo con la política de masificación del acceso a la formación terciaria, sino también entregando una educación de alta calidad. En este sentido, no es correcto incrementar los recursos, ni universalizar la gratuidad, para sostener una educación de mala calidad.

La excelencia académica y altos estándares en gestión institucional, además de estimular el desarrollo científico, la investigación e innovación, deben ser los principales objetivos y deberes de las instituciones de educación superior, pues es en su interior donde se desarrollan los procesos educativos, se forma a los nuevos profesionales y se amplían las fronteras del conocimiento.

Si bien es el Estado el responsable de definir un marco regulatorio, una institucionalidad acorde, un sistema de financiamiento apropiado y establecer estándares que permitan otorgar garantía pública de calidad, son las instituciones las llamadas a velar por el mejoramiento de sus procesos internos, asegurar la pertinencia de su formación y tender al perfeccionamiento en todas sus actividades.

Aportar al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas es parte fundamental de los desafíos que contemplan las universidades estatales; sin embargo, es perentorio que el Estado avance en entregar los recursos necesarios para el progreso de sus propias instituciones -sometidas durante décadas a condiciones de desventaja- y sin considerar, ojalá, las presiones de los grupos que persiguen mantener el rol subsidiario del Estado con las instituciones privadas.

La Universidad de Santiago de Chile ha ejercido un liderazgo indiscutido al hacerse cargo de las demandas de la sociedad y del Estado; no obstante, la mantención y superación de estas cualidades nos exigen renovar constantemente nuestro compromiso institucional. Por ello, año a año e independientemente del debate actual sobre la reforma a la educación superior, nos preocupamos de que nuestra oferta académica sea acorde con los desafíos del país, de las ciencias, las artes y la cultura.

Hoy se discute si la gratuidad será una política regresiva o no, se la compara con lo que fue el Crédito con Aval del Estado (CAE) y se le mitiga por, supuestamente, disfrazar el modelo de mercado que existe en la educación, como uno público.

Es importante dejar la inmediatez de la «ley corta» atrás, para que podamos seguir avanzando y profundizando en el mejoramiento de nuestra educación pública. Debemos ocuparnos, por ejemplo, del mecanismo que nos permitirá disminuir la deserción universitaria, mejorar los tiempos de graduación y titulación de nuestros estudiantes y fortalecer la interacción con los diversos entornos relevantes en los que nuestras instituciones están inmersas.

Propongo avanzar en una cultura de la calidad universitaria, que se traduzca en la utilización de información confiable, la optimización de la estructura de toma de decisiones y en convocar a los y las mejores estudiantes de todos los entornos sociales, a los mejores académicos y a los mejores profesionales y estudiosos del tema.

Será la relación virtuosa de todos estos actores la que permitirá que el Estado defina, democráticamente, las bases y alcances de la calidad universitaria que hoy se discute ampliamente, y que, a nuestro parecer, trasciende los resultados de pruebas estandarizadas, como la PSU o el sistema «optativo» de acreditación vigente para las universidades chilenas.

 

Dr. Juan Zolezzi Cid
Rector Universidad de Santiago de Chile

 

Columna publicada en El Mercurio, domingo 10 de enero de 2015.