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Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
Horas antes de que comenzara la reunión entre representantes de la Nueva Mayoría y el Mineduc, para zanjar los últimos detalles de la reforma a la educación superior, los invitados fueron notificados de que el evento ya no sería en el ex Congreso, para evitar posibles protestas estudiantiles.
Así, la veintena de asistentes, incluidos el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y el director de Presupuestos, Sergio Granados, llegó al edificio de Conicyt y, pasadas las 15:30 horas, escuchó la presentación del proyecto.
Según indicó la ministra de Educación, Adriana Delpiano, la iniciativa establecerá «cómo se sigue avanzando (en gratuidad) en función de ciertos niveles de crecimiento de la economía del país, que es lo que se puede hacer en términos responsables».
Actualmente, la gratuidad cubre a los alumnos del 50% más vulnerable del país que asisten a 30 universidades. Y según la ministra, en la Nueva Mayoría «hay un consenso bastante amplio de continuar con la política hacia los lados, incorporando alumnos de instituciones acreditadas, de centros de formación técnica e institutos profesionales preferentemente, para después poder avanzar hacia el sexto decil».
Según explicaron en el Mineduc, el texto legal fijará, por una parte, cómo se abarcará al 70% de los alumnos más vulnerables con gratuidad -que será bajo un número determinado de parámetros económicos. Y luego se utilizarán otras normas de crecimiento económico para establecer cómo se logrará la gratuidad universal.
El senador de la DC y presidente de la comisión de Educación, Ignacio Walker, añadió que «se está proponiendo un sistema mixto de gratuidad, con becas y créditos, lo que es muy realista, porque hoy hay 650 mil alumnos que reciben este tipo de financiamiento».
Para poder acceder a la gratuidad, las instituciones tendrán que estar acreditadas, ser sin fines de lucro y cuando la ley esté en régimen, acreditar que cumplen con un rol público. Esto último será verificado por una nueva subsecretaría de Educación Superior.
Además, los planteles tendrán que adherir a un sistema común de admisión, que creará pruebas especiales para las universidades y los recintos técnicos.
Estatales
Un punto que se discutió largamente durante la reunión fue el rol de las universidades estatales, que a partir de 2017 serán 18. Así, se anunció que la iniciativa contempla un trato preferente a estos planteles, «flexibilizando los controles superpuestos y estableciendo modelos de gobierno con participación de todos los estamentos en cuerpos colegiados», según una minuta elaborada por el Mineduc.
Parlamentarios presentes contaron, además, que la idea es que estas universidades puedan cumplir un rol especial, y así se les asignen tareas específicas, en términos de investigación o bien de formación de profesionales. Para eso se necesitarán recursos extras y ese será uno de los puntos a discutir.
Asimismo, en la reunión los diputados pidieron que el proyecto fije un piso de matrícula para estas instituciones. Actualmente, cerca del 15% de los universitarios asiste a uno de los planteles y la idea es que ese porcentaje crezca al menos a un 50%, para así tener verdaderamente un sistema de provisión mixta, según los asistentes.
«La matrícula es un tema que tenemos que trabajar», precisó la ministra Delpiano. Y añadió que otros aspectos relativos a estos planteles estarán «dibujados» en el texto legal y luego serán definidos en los reglamentos o bien, en la Ley de Presupuestos.
El encuentro
La reunión fue citada por el Mineduc con el objetivo de presentar los pilares de la reforma y sondear si existe acuerdo dentro del oficialismo, encuentro que se repetirá el lunes que viene. A la cita de ayer, llegaron las siguientes autoridades:
Mineduc: Adriana Delpiano (ministra), Valentina Quiroga (subsecretaria), María Isabel Díaz (subsecretaria), Luis Felipe Jiménez (jefe de asesores), Rodrigo González (encargado de la reforma), Francisco Martínez (asesor de la reforma), Patricio Espinoza (abogado).
Otros ministerios: Nicolás Eyzaguirre (ministro Segpres), Hugo Arias (asesor Segpres), Sergio Granados (director de la Dipres, Ministerio de Hacienda).
Comisiones de educación del Congreso: El senador Ignacio Walker (DC) y los diputados Cristina Girardi (PPD), Camila Vallejo (PC) y Mario Venegas (DC).
Otros políticos: La senadora Isabel Allende (PS), en su calidad de presidenta de partido. Además, asistieron jefes de bancada, como el diputado Juan Luis Castro (PS), y los senadores Guido Girardi (PPD) y Carlos Montes (PS). También llegó el diputado Manuel Monsalve (PS), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Los otros aspectos de la iniciativa que ingresa este mes
Acreditación: Se transforma la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y ahora un órgano colegiado velará por un proceso de certificación de calidad que será «obligatorio e integral», con criterios distintos para cada tipo de plantel. Habrá agencias privadas que serán financiadas por el Estado.
Superintendencia: Se crea un nuevo organismo que fiscalizará el funcionamiento de las instituciones, además de su viabilidad. Será la encargada de dar cumplimiento a la prohibición del lucro. Esto, porque según el Mineduc, «no se entregarán ayudas fiscales para gratuidad a planteles con fines de lucro».
Subsecretaría: En el Mineduc, se creará una nueva subsecretaría de educación superior, encargada de las relaciones del Estado con las instituciones y de administrar los recursos públicos. Además, tendrá una división especial para la educación técnica superior, que fortalecerá esa área.
Participación: La reforma también abordará la participación de las comunidades «en todas las instituciones». Eso sí, se indica que cada plantel tendrá la libertad de definir su modelo de gobernabilidad. Se anticipa que este punto podrá traer roces con los estudiantes que demandan voz y voto en sus instituciones.
Información publicada en El mercurio, viernes 3 de junio de 2016.
