Los números no mienten

El martes 12 de julio, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, presentó ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, los detalles del informe financiero para explicar el gasto que implica implementar la reforma a la educación superior. En la exposición se entregaron detalles técnicos sobre los mecanismos para alcanzar la gratuidad y la proyección financiera. El informe financiero establece que la gratuidad universal tendrá un costo de US$ 3.500 millones, que incluye un monto para la creación de un fondo para el desarrollo de la investigación y para becas de mantención destinado a las instituciones de educación superior que adscriban a esta nueva política pública.

Luego de analizar detenidamente los datos e indicadores expuestos por el ministro, me declaro profundamente preocupado respecto de la viabilidad financiera y la manera en que fue presentada la información, al distorsionar totalmente la realidad.

En lo concreto, en la hoja 45 de la presentación se muestra un cuadro bajo el nombre «Financiamiento institucional para la gratuidad», donde los datos se presentan de manera tal que se haga un análisis totalmente positivo de ellos. Esto, porque la fila «Total Mayor Gasto Fiscal» presenta una secuencia acumulada de recursos año tras año, pero lo correcto es que el aumento del gasto fiscal se presente en relación al año anterior. Por ejemplo, el crecimiento de MM$607.000 en el 2019 es respecto del año 2016 y no de lo que se aporte el 2018; de esta manera, se muestra un aporte fiscal muchísimo mayor al real y un crecimiento presupuestario totalmente alejado de la realidad.

Al analizar los aportes basales, el panorama es aún más desalentador, a causa de la disminución progresiva del Aporte Fiscal Directo (AFD). En reemplazo, se crea un nuevo «Aporte para la Investigación y la Creación Artística», asignado una vez que haya gratuidad universal, bordeando los MM$400.000 y reduciendo el AFD a tan solo MM$16.000. Eso sí, estas cifras son solo proyecciones que consideran la inexistencia de un plazo determinado para alcanzar la gratuidad universal.

Lo que sí sabemos es que el AFD disminuirá a MM$206.193 en el 2019, entregando MM$20.000 a todas las universidades mediante el nuevo Aporte para la Investigación y Creación Artística. Efectos que pueden ser nefastos si se materializa una gratuidad, extendida al 70% de las familias más vulnerables, donde el AFD se reduciría en MM$40.000, lo que podría significar el cierre o quiebra de al menos 10 universidades. El colapso del sistema se anuncia desde ya, al considerar que las instituciones de educación superior no tendrán la capacidad de absorber las matrículas de los estudiantes que queden relegados.

Lo anterior deja a las universidades estatales en una situación muy compleja y de gran incertidumbre, debido a los negativos efectos que tendrá la estrepitosa disminución de los aportes basales. A ello se le suma el ficticio trato preferente que recibirían las universidades estatales a través de un fondo adicional (artículo 188) que solo considera el monto del Convenio Marco expresado de otra manera, pero que además queda sujeto a la Ley de Presupuestos.

En un escenario incierto y con proyecciones financieras muy desalentadoras, no es posible asegurar una estabilidad del sistema universitario. Por lo mismo, se hace necesaria una revisión exhaustiva del sistema, a sabiendas de que el problema no radica solo en los recursos, sino en la incapacidad de plantear políticas públicas transformadoras que logren sepultar el modelo de mercado tan arraigado en nuestro sistema de educación superior.

 

Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector Universidad de Santiago

 

Columna de opinión publicada en El Mercurio, martes 19 de julio de 2016.