«Reforma de educación superior institucionaliza la segregación»

El vicepresidente ejecuti­vo del Consejo de Recto­res (CRUCh), Aldo Valle, cree que el proyecto de educa­ción superior permitirá fortale­cer la ¡nstitucionalidad del sis­tema y establecer un marco regulatorio que contribuiría a “salir de la libertad de comer­cio que rige en gran parte de la educación superior y transitar a un mercado regulado”.

Sin embargo, el también rector de la Universidad de Val­paraíso afirma que esta refor­ma “no incrementará las opor­tunidades de elegir entre lo pú­blico y lo privado, ni termina con los incentivos a la privatiza­ción excesiva y hegemónica».

“El actual Gobierno ha op­tado porque esa valiosa rela­ción social que se constituye en el proceso educativo sea pre­dominantemente de carácter privado, no entre ciudadanos, lejos de la deliberación demo­crática y de los procedimientos públicos, pero a la vez todo fi­nanciado por el dinero públi­co”, sostiene.

– ¿Qué efectos sociales conlleva­rá esta reforma?
– Esta propuesta no contribui­rá a fortalecer la complejidad y calidad de las instituciones universitarias, porque confun­de cobertura con desarrollo y consolida la oferta docente privada meramente. Establece regímenes económicos dife­renciados para las universida­des y con ello institucionaliza la segregación, manteniendo la transferencia de recursos públicos a manos privadas, con libertad de aranceles, me­diante el Crédito con Aval del Estado (CAE). Este es un gran proyecto de gratuidad que a la vez sirve discursivamente pa­ra consolidar el predominio privado, pero está lejos de ser una reforma transformadora desde un punto de vista social.

– El proyecto otorga un fondo es­pecial para las universidades estatales y establece una red de instituciones de este tipo. ¿Con estas me­didas se cumple el trato prefe­rente que han solicitado los planteles estatales?
–  No se crea ningún fondo espe­cial. Lo que se hace es darle otro nombre a un fondo que ya existe, denominado Conve­nio Marco. De modo que en materia de recursos estamos lejos del trato que correspon­de, lo que tenemos hoy es más bien incertidumbre de pérdida otra vez. La constitución de la Red es una medida necesaria para acercar el Estado o al me­nos al gobierno a las ues que le pertenecen, pero es solo una instancia de coordinación. En el proyecto hay una retórica fa­vorable a las estatales, pero ningún compromiso acompa­ñado de evidencias sustantivas. En consecuencia, tampo­co se puede hablar de que se logra la diferenciación que de­be haber. Insertas en el sistema de amplia concurrencia priva­da que se crea en el proyecto, varias universidades estatales arriesgan su futuro.

–  ¿Qué instrumentos faltan para fortalecer lo público?
–  Dejar de financiar el mercado de la educación con recursos pú­blicos, por ejemplo, reduciendo gradualmente el CAE. Fortale­cer a las instituciones del CRUCh y acentuar con ellas el carácter público de su relación con el Es­tado, fortalecer a las universida­des regionales y ordenar a un conjunto de ues, públicas o pri­vadas, en unos objetivos nacio­nales de política pública.

–  El proyecto elimina el Aporte Fiscal Directo para dar paso a un aporte para la investigación que será concursable para los planteles que estén en gratuidad, in­cluidos los privados. ¿En qué afectaría esta medida a las ins­tituciones del CRUCh?
–  En las universidades del CRUCh se produce el 90% de la investigación, se imparte el 90% de los doctorados acreditados y la mayor parte de las especiali­dades médicas. Todo ello ahora tiene un signo de incertidum­bre, porque no se sabe cómo se implementará ese nuevo instrumento. No logro ver por qué era necesario hacer esto, más allá de las rectificaciones que se ne­cesita en favor de las universida­des con menos ventajas dentro del CRUCh. Si se iba a agregar nuevos fondos, lo razonable era que se abrieran a otras universi­dades debidamente calificadas.

–  ¿El nuevo modelo de financiamiento permitiría a las ues es­tatales desarrollarse y aumen­tar su matrícula?
–  Los efectos sistémicos que tie­ne el diseño del financiamiento público pueden arriesgar la quiebra de varias universida­des estatales, básicamente por­que todas las limitaciones de matrícula, de gestión y de re­cursos recaerán sobre tales universidades, que a su vez tendrán que lidiar con un mer­cado privado paralelo también financiado por el Estado.

 

Entrevista publicada en Medios Regionales de cadena El Mercurio, domingo 17 de julio de 2016.