Para debatir sobre la institucionalidad y la acreditación propuestas por la reforma a la educación superior llegaron hasta la Comisión de Educación de la Cámara los presidentes del Consejo Nacional de Educación (CNED), Pedro Montt, y de la Comisión Nacional de Acreditación, Alfonso Muga.
El primero en exponer fue Montt, quien entregó un crítico informe elaborado por el consejo acerca de la emblemática iniciativa. Así, Montt remarcó que hay dos grandes dimensiones que se ven afectadas de manera crítica en el proyecto: la autonomía y la diversidad de las instituciones.
En ese sentido, Montt subrayó que si el proyecto se aprueba tal como está, por muchos aspectos «puede terminar en el Tribunal Constitucional».
Según el presidente del CNED, el sistema institucional propuesto conlleva una sobrerregulación y entrega demasiadas atribuciones a la nueva Subsecretaría de Educación Superior. En esa línea, uno de los ejemplos que entregó para graficar la situación es que «la subsecretaría coordina a las universidades estatales, en lugar de que éstas actúen en red. Además, cuatro de nueve miembros de los directorios de los planteles estatales serán nombrados por el Presidente de la República».
El informe del CNED que Montt expuso ante la Comisión de Educación critica fuertemente el esquema de acreditación planteado por el proyecto. Así, cuestiona que la certificación esté asociada a temas de financiamiento y otros aspectos institucionales. Por ejemplo, Montt explicó, a la salida de la sesión, que hay que «separar funciones y especializar». En ese sentido subrayó que el control de vacantes y matrículas no debería estar asociado a la acreditación, sino en manos de la superintendencia, la que «estaría controlándolas desde que se crean, hasta la autonomía (…) Todas las instituciones deberían ser autónomas y tomar sus decisiones, pero estar obligadas a que cuando tienen cambios sustantivos a reportarlos a la superintendencia, no a un Consejo de Calidad».
Alfonso Muga, presidente de la CNA, también advirtió del riesgo que plantea el modelo propuesto, aunque valoró la acreditación obligatoria. «El Consejo de la Calidad va a tener menos independencia que el organismo actual. No se asegura ni la autonomía, ni la pluralidad ni la independencia», aseguró Muga.
La subsecretaria Valentina Quiroga, en tanto, defendió el modelo propuesto y enfatizó que «la acreditación no estará asociada a financiamiento de ninguna índole, porque la acreditación es obligatoria, lo que significa que las instituciones, para poder operar, tienen que estar acreditadas».
La crítica al modelo de acreditación propuesto fue compartida por algunos parlamentarios, como Yasna Provoste (DC): «Los estándares y criterios de calidad para la acreditación los definirá la subsecretaría y sólo va a considerar la opinión del Consejo para la Calidad. Me preocupa enormemente eso».
Quiroga enfatizó que los estándares y criterios de acreditación serán consensuados y remarcó que será clave la opinión de los distintos actores a la hora de elaborarlos. También subrayó «la importancia de las consecuencias para las instituciones que no tienen acreditación y analizar el problema de un sistema que no tiene consecuencias».
Publicado en La Tercera, miércoles 31 de agosto de 2016.
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