Consuelo Requena, directora de la Clínica Jurídica de la UPLA: “El Derecho debe ser una herramienta al servicio de las personas y las comunidades”

En el corazón de un Valparaíso que palpita entre cerros y necesidades históricas, la justicia suele ser un bien escaso, casi un privilegio de difícil acceso. Sin embargo, en las aulas de la Universidad de Playa Ancha, el derecho ha dejado de ser una abstracción teórica para convertirse en un motor de transformación real.

La carrera de Derecho de la UPLA no solo forma expertos y expertas en códigos y leyes, sino ciudadanos y ciudadanas conscientes de que su vocación cobra mayor sentido, cuando se pone al servicio de los sectores más vulnerados, brindando orientación, apoyo, defensa y devolviendo la dignidad a quienes el sistema suele olvidar.

Para fortalecer una formación jurídica práctica, ética y socialmente comprometida, en la Clínica Jurídica de la UPLA (ubicada en calle Condell 1190, oficina 81, Valparaíso), las y los estudiantes no solo aplican conocimientos jurídicos, sino que desarrollan una comprensión crítica del rol social de la profesión, con un enfoque basado en los derechos humanos, perspectiva de género y responsabilidad pública, aprendiendo a escuchar, comprender y defender el tejido social de la región. 

A través de asesorías gratuitas, patrocinio de causas y un trabajo articulado con instituciones públicas y organizaciones sociales, el espacio se ha consolidado como un puente efectivo entre la academia, el estudiantado y la comunidad. Por lo tanto, este modelo permite que el conocimiento jurídico incorpore problemáticas reales y demandas sociales al proceso formativo, a la vez que contribuye a reducir desigualdades jurídicas y a fortalecer la autonomía de las personas atendidas. 

En paralelo, la trayectoria profesional y dirigencial de su directora, Consuelo Requena Báez, da cuenta de una forma de ejercer el derecho comprometido con el interés público, donde el trabajo territorial y comunitario de la abogada en la localidad de Laguna Verde (Valparaíso), constituye un ámbito específico y personal de acción, que dialoga con el quehacer desarrollado en la Clínica.

A continuación, Consuelo nos brinda mayores detalles sobre este servicio y, además, nos permite conocer los logros con impacto social que le han significado el reconocimiento del Departamento de Planificación de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.

¿Puedes relatarnos la gestación y principales objetivos de la Clínica Jurídica de la UPLA, y cómo la misma se posiciona como un vínculo entre la academia, comunidad estudiantil y la comunidad de Valparaíso y sus alrededores?

“La Clínica Jurídica UPLA nace con el objetivo de fortalecer la formación práctica, ética y social de las y los estudiantes de Derecho, pero también para responder a una necesidad concreta del territorio de Valparaíso y sus alrededores, que es el acceso a la justicia. De ahí que su gestación se enmarca en el compromiso institucional de la Universidad con la vinculación con el medio y con una concepción del derecho entendida como una herramienta al servicio de las personas y comunidades. En ese sentido, la Clínica no solo busca que las y los estudiantes apliquen los conocimientos jurídicos que han adquirido durante su carrera, sino que desarrollen una comprensión crítica del rol social de la profesión, desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y responsabilidad pública y así se transformen en agentes de cambio de nuestra sociedad.

Atendido a lo anterior, la Clínica se posiciona como un puente efectivo entre la academia, estudiantes y comunidad de nuestra región, permitiendo que el conocimiento jurídico circule en ambos sentidos, por un lado, desde la universidad hacia la comunidad, a través de asesorías, patrocinios de causas, operativos en terreno y, por otro, desde la comunidad hacia la universidad, enriqueciendo el proceso formativo de las y los estudiantes al incorporar problemáticas reales, saberes territoriales y demandas sociales. De este modo, la Clínica se consolida como un espacio donde la docencia, el servicio y el compromiso social se articulan de manera coherente y constante”.

¿Cuál es la estructura o flujo del proceso de atención al usuario o usuaria, y cuáles son los casos más comunes?

“En la Clínica Jurídica mantenemos una estructura de atención claramente definida, orientada a resguardar tanto los derechos de las personas atendidas como el correcto proceso formativo del estudiantado. Las atenciones son todas gratuitas y dirigidas a las personas más vulnerables que cuenten con un Registro Social de Hogares hasta el 60%. Evaluada la situación socioeconómica, se agenda una entrevista inicial de diagnóstico, realizada por la docente junto al o la estudiante asignado, en la que se da cuenta de la materia consultada, se entrega orientación jurídica, se explica la viabilidad de asumir el patrocinio judicial y, si las circunstancias lo ameritan, se deriva a otras instituciones. En los casos que se asumen, se establece un seguimiento permanente, con registro de todas las actuaciones, control de plazos y/o audiencias, todo bajo supervisión docente constante. Este diseño permite asegurar una atención responsable, ordenada y ética.

Las materias más consultadas corresponden principalmente a derecho de familia (medidas de protección, alimentos, cuidado personal y régimen de relación directa y regular, divorcios, entre otros), y de Policía Local (fraude bancario, choque y ley de consumidor), sin embargo, hemos tenido causas civiles y recursos de protección, concentrándose siempre en problemáticas que afectan a personas en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son las mujeres, personas mayores y niños y niñas”.

¿Cuáles son los principales desafíos logísticos o éticos que enfrentan, y cómo los superan para mantener el compromiso con el territorio?

“Nuestro principal desafío logístico es la alta demanda de atención en relación con la capacidad operativa de la Clínica, considerando no sólo los tiempos académicos y la carga formativa del estudiantado sino también el equipo de la Clínica, que actualmente está conformado por una abogada y una administradora pública. Este desafío lo abordamos mediante criterios claros de focalización, priorización de casos urgentes y una gestión responsable del ingreso de nuevas causas, evitando generar expectativas que no puedan cumplirse.

Como desafío ético, lo central es garantizar una atención de calidad y evitar cualquier forma de indefensión de los usuarios y las usuarias. Para ello, se trabaja con reglas estrictas de confidencialidad, probidad y supervisión docente, además de una formación permanente en ética profesional y empatía. El compromiso con el territorio se sostiene precisamente en esta coherencia entre discurso y práctica, entendiendo que la confianza comunitaria se construye a partir de actuaciones responsables y sostenidas en el tiempo”.

¿Cómo mide el impacto social de la clínica en la comunidad, especialmente, en quienes no tienen acceso a la justicia por carencia de recursos?

“El impacto social de la Clínica Jurídica lo medimos tanto a través de indicadores cuantitativos como del efecto concreto que la intervención jurídica tiene en la vida de las personas atendidas. Durante su primer año de funcionamiento, atendimos a más de 300 personas, muchas de ellas sin acceso previo a asesoría o representación legal, lo que da cuenta de una alta demanda territorial y de la relevancia social del proyecto. Junto con el número de atenciones, se consideran aspectos cualitativos como el acceso efectivo a la justicia, la tramitación oportuna de causas, la obtención de acuerdos o resoluciones judiciales y el fortalecimiento del conocimiento de derechos por parte de las personas atendidas. En ese sentido, la Clínica no solo entrega respuestas jurídicas puntuales, sino que contribuye a reducir brechas de desigualdad en el acceso a la justicia y a generar mayor autonomía jurídica en la comunidad, ya que en muchos casos, la Clínica representa la única vía real para hacer exigibles derechos básicos, lo que tiene un efecto directo en la disminución de la desigualdad jurídica y en el empoderamiento de las personas frente a las instituciones”.

¿Cómo evalúa el impacto de la clínica en la formación de las y los estudiantes, quienes próximamente deberán enfrentar múltiples desafíos en el mundo laboral?

“La Clínica Jurídica ha tenido un impacto altamente significativo en la formación del estudiantado, al permitirles enfrentar tempranamente el ejercicio profesional en contextos reales y con un fuerte componente ético y social. Durante su primer año, participaron 22 estudiantes, quienes asumieron responsabilidades concretas en la atención de casos, siempre bajo supervisión docente, lo que favoreció el desarrollo de competencias jurídicas, comunicacionales y éticas. 

Las y los estudiantes no solo aplican conocimientos jurídicos, sino que aprenden a asumir responsabilidades, trabajar en equipo y en trabajo multidisciplinario, comunicarse con personas en contextos de vulnerabilidad y tomar decisiones con consecuencias reales. Este proceso no solo fortalece habilidades técnicas, sino también sus competencias éticas y humanas fundamentales para el ejercicio del derecho, como la empatía, el compromiso social, la responsabilidad y el criterio profesional. En un escenario laboral cada vez más exigente, la Clínica entrega herramientas concretas para enfrentar con solvencia y conciencia social los desafíos del mundo profesional”. 

¿Qué rol ha jugado la colaboración de la carrera de Psicología en la atención a usuarios y usuarias? ¿Planean expandir los apoyos incorporando otras disciplinas?

“La participación de la carrera de Psicología se ha dado, hasta ahora, a través de la realización de la práctica profesional de un estudiante en la Clínica Jurídica. En ese contexto, su principal aporte fue el desarrollo de un diagnóstico inicial, construido de manera articulada con el equipo de la Clínica y las y los estudiantes, lo que permitió identificar necesidades, dinámicas y desafíos tanto en la atención a usuarios como en el trabajo formativo. Asimismo, desarrolló talleres de primeros auxilios psicológicos y de fortalecimiento de habilidades blandas, aportando herramientas relevantes para el quehacer clínico y el futuro profesional. Si bien, actualmente no existe un apoyo directo en las causas específicas, el objetivo es avanzar progresivamente hacia una colaboración más integrada e interdisciplinaria en esa dirección, toda vez que la proyección de la Clínica es avanzar hacia un enfoque cada vez más interdisciplinario, incorporando otras áreas como trabajo social, educación y disciplinas vinculadas al ámbito socioambiental. Esto resulta especialmente relevante para abordar conflictos territoriales complejos y fortalecer una atención verdaderamente integral”.

¿Qué vínculos y alianzas institucionales posee la Clínica Jurídica de la UPLA?

“El vínculo institucional más directo que mantiene la Clínica Jurídica es con el Centro Integral de Atención a Mujeres (CIAM), dependiente de la Dirección de Género, Mujeres y Diversidades de la Municipalidad de Valparaíso. Esta alianza se ha construido en un sentido bidireccional y complementario, fortaleciendo una red de apoyo integral para mujeres y disidencias en la comuna de Valparaíso. Por una parte, el CIAM deriva a la Clínica Jurídica a mujeres y disidencias que requieren asesoría y orientación jurídica, especialmente, en materias vinculadas a violencia, familia y vulneración de derechos. A su vez, desde la Clínica, realizamos derivaciones hacia el CIAM para el acompañamiento psicosocial, principalmente, en casos de mujeres que viven situaciones de violencia, entendiendo que la respuesta jurídica debe articularse necesariamente con apoyos especializados que aborden la dimensión emocional y social de estas problemáticas.

Por otro lado, entendiendo la importancia de la articulación con otras instituciones, la Clínica ha desarrollado trabajo colaborativo con otros servicios públicos, como Gendarmería de Chile, institución que ha contribuido mediante capacitaciones orientadas a apoyar los procesos de eliminación de antecedentes penales, con el objetivo de favorecer la reinserción social de las personas. De igual forma, se mantiene un vínculo activo con organizaciones sociales del territorio, tales como: juntas de vecinos y comités, lo que permite una inserción comunitaria sostenida y una mejor detección y canalización de las necesidades jurídicas locales. Por último, me gustaría destacar que hemos estado generando una vinculación constante con otras Clínicas Jurídicas de la región, fortaleciendo el trabajo colaborativo interuniversitario. En esa línea, actualmente, nos encontramos preparando un operativo conjunto entre distintas clínicas jurídicas para abril de 2026, lo que permitirá ampliar el alcance territorial de la atención jurídica y consolidar una red regional de acceso a la justicia”.

¿Cuáles son las novedades, planes y/o metas para el 2026?

“De cara al año 2026, las proyecciones de la Clínica Jurídica se orientan a consolidar un modelo de atención con fuerte anclaje territorial, enfoque de derechos humanos y una integración progresiva de miradas interdisciplinarias. Uno de los ejes centrales será el fortalecimiento del trabajo colaborativo, tanto a nivel local como regional, entendiendo que el acceso a la justicia requiere respuestas articuladas y redes institucionales sólidas. En ese marco, una meta prioritaria de la Clínica para el 2026, es profundizar la articulación con otras clínicas jurídicas de la región, avanzando hacia un modelo de cooperación interuniversitaria que permita ampliar la cobertura territorial, compartir buenas prácticas y optimizar recursos humanos y académicos. El operativo regional que estamos preparando se inscribe precisamente en esta línea estratégica, como una experiencia concreta de trabajo conjunto, orientada a la promoción de derechos y la atención jurídica comunitaria.

Asimismo, uno de los desafíos y objetivos relevantes es ampliar el equipo de la Clínica, incorporando más profesionales que permitan aumentar la cobertura de atención y avanzar hacia la conformación de un equipo verdaderamente interdisciplinario. Este crecimiento se vincula directamente con el aumento del estudiantado: de 22 estudiantes durante el primer año, se proyecta duplicar esa cifra para el 2026, lo que abre la posibilidad de incrementar significativamente la cantidad de atenciones, siempre que se cuente con el apoyo institucional necesario para acrecentar la dotación docente. 

La incorporación de más docentes y profesionales de otras áreas no sólo fortalecería la independencia técnica en la producción de prueba y la calidad de las estrategias jurídicas, sino que permitirá entregar una atención más integral a las personas y comunidades atendidas. Esta proyección tiene también un fuerte impacto formativo, ya que acerca aún más a las y los estudiantes al tipo de trabajo que deberán desarrollar en el futuro como abogadas y abogados, fortaleciendo sus capacidades profesionales, su comprensión del trabajo en equipos multidisciplinarios y su preparación para enfrentar escenarios complejos. Por lo que este fortalecimiento permitirá resguardar la calidad de la atención, profundizar el proceso formativo y consolidar a la Clínica Jurídica como un espacio de excelencia académica y de impacto social real en el territorio”.

Reconocimiento de la Municipalidad de Valparaíso

Recientemente, Consuelo Requena Báez fue reconocida por el Departamento de Planificación (SECPLA) de la Municipalidad de Valparaíso, por su sostenida trayectoria de trabajo territorial y comunitario en Laguna Verde, un sector de Valparaíso que ha concentrado relevantes desafíos en materia de planificación, desarrollo urbano y justicia socioambiental.

Este galardón destaca su labor como vecina, abogada y dirigenta social, comprometida con la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad. Entre sus principales logros, se encuentran haber impulsado acciones que posibilitaron garantizar el acceso al agua potable a más de tres mil habitantes, junto con promover procesos organizativos orientados a fortalecer la participación y la cohesión comunitaria.

¿Qué significa este reconocimiento para ti y cómo surgió tu compromiso con la comunidad?

“Este reconocimiento tiene un significado profundamente simbólico y colectivo, y lo recibo no solo a título personal, sino también como directora de la Clínica Jurídica de la Universidad de Playa Ancha, ya que refleja una forma de ejercer el derecho y la función pública universitaria estrechamente vinculada al territorio y a las comunidades. Mi compromiso con Laguna Verde surge desde una presencia sostenida en el tiempo, en la que el trabajo jurídico se ha ido articulando con procesos comunitarios, organizativos y de defensa del territorio. Esta experiencia ha nutrido directamente el enfoque que promovemos desde la Clínica Jurídica: un derecho situado, comprometido socialmente y construido en diálogo con las personas, más que desde una lógica meramente asistencial”.

Uno de tus mayores logros ha sido garantizar el acceso al agua potable a más de tres mil residentes, mediante acciones judiciales. ¿Qué desafíos enfrentaste en ese proceso y qué lecciones clave sacaste para aplicar el derecho en beneficio de sectores vulnerables?

“El proceso para garantizar el acceso al agua potable ha sido uno de los desafíos más complejos y significativos que he enfrentado, tanto a nivel jurídico como humano. Implicó enfrentar resistencias institucionales, vacíos normativos y una profunda desigualdad estructural que afecta a sectores históricamente postergados como Laguna Verde. Desde mi rol profesional y, posteriormente, como directora de la Clínica Jurídica, esta experiencia reafirmó la convicción de que el derecho puede y debe ser una herramienta efectiva de transformación social cuando se articula con la organización comunitaria y una estrategia jurídica sólida. La principal lección fue comprender que el acceso a derechos básicos, como el agua, no puede depender de la capacidad económica de las personas, y que la labor jurídica debe orientarse a hacer exigibles estos derechos en beneficio de las comunidades”.

Además, uniste a las juntas de vecinos en el Movimiento por la Defensa de Laguna Verde, luchando por un ambiente libre de contaminación. ¿Cuáles son las principales amenazas ambientales que enfrenta el sector hoy y cómo ha evolucionado este movimiento?

“El Movimiento por la Defensa de Laguna Verde surge como una respuesta colectiva frente a diversas amenazas ambientales que afectan al territorio, tales como: proyectos con alto impacto ambiental, presión inmobiliaria, deficiencias en la planificación territorial y la vulneración sistemática del derecho al acceso al agua, a una vivienda digna y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Desde mi rol como dirigente y abogada, he acompañado este proceso entendiendo que la defensa ambiental requiere tanto organización comunitaria como herramientas jurídicas sólidas. Con el tiempo, el movimiento ha evolucionado hacia una articulación más amplia y consciente, integrando a distintas juntas de vecinos y actores locales, consolidándose como un espacio de defensa permanente del territorio y como una expresión concreta del ejercicio colectivo de derechos”.

También, impulsaste la creación de diversas iniciativas comunitarias, como un comité, una junta de vecinos, una compañía de teatro, una biblioteca en un bus, un club de rayuela y ahora un parque para la protección de orquídeas nativas con apoyo de la UPLA. ¿Cómo surgió la idea de estas organizaciones y cuál ha sido su impacto en la cohesión social de Laguna Verde?

“Las distintas iniciativas comunitarias que se han desarrollado en Laguna Verde, surgieron a partir de necesidades concretas del territorio y de procesos participativos construidos junto a la comunidad. Desde mi experiencia territorial y desde el rol que hoy desempeño como directora de la Clínica Jurídica, siempre he entendido que el fortalecimiento comunitario es una condición necesaria para la defensa efectiva de los derechos. La creación de organizaciones y el proyecto del parque han tenido un impacto significativo en la cohesión social, fortaleciendo el sentido de pertenencia, la identidad local y la capacidad de acción colectiva. Estos procesos dialogan directamente con el enfoque de trabajo que promovemos desde la Clínica, donde el derecho se concibe como una herramienta que acompaña y potencia la organización social”.