Ley de Transparencia: un desafío para la Bibliotecología

Con el foro-panel «Ley de transparencia y su importancia en el acceso de los ciudadanos a la información como un derecho irrevocable», la carrera de Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha celebró cuarenta años al servicio de la información, en medio de saludos llegados desde distintas bibliotecas, archivos y museos del país y el extranjero.

La ceremonia de conmemoración del cuadragésimo aniversario de Bibliotecología comenzó con palabras del rector Patricio Sanhueza Vivanco, quien se dirigió a los «estudiantes y egresados de una carrera que cada vez busca potenciar más su quehacer al servicio de la sociedad y del conocimiento, con un sentido e importancia estratégica en temáticas como la archivística, la organización y la difusión de los saberes humanos».

Por su parte, el bibliotecólogo y Director del Departamento de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la UPLA, Cristian Valenzuela Urra, manifestó su sentido recuerdo por «aquellos profesores y bibliotecarios del pasado y a todos aquellos académicos que hoy nos permiten hablar en base al recuerdo y la celebración de los cuarenta años estimulando la formación de innumerables generaciones de estudiantes, muchos de los cuales hoy son nuestros colegas, muchos de los cuales están prestando sus servicios a empresas públicas y privadas de la región, del país y del extranjero».

En su discurso inaugural, la jefa de carrera Nora Torres Ramos indicó que «hoy nos reunimos para recordar, celebrar, pero no es menos cierto que, más que nunca, ésta es una carrera al servicio de la información, que genera profesionales que son agentes de comunicación y cambio, y que forma personas dispuestas siempre a dar lo mejor de sí a quien lo requiera, facilitando así el acceso, el desarrollo y el progreso de los seres humanos en un contexto donde cada sujeto pueda participar activamente. Hoy, por ejemplo, nos reunimos para hablar de transparencia, de información, de leyes y de nuestro rol en la gestión de la información, y esperamos, ciertamente, que a partir de este entonces, generemos más instancias como ésta para poder hacerlo».

Foro Panel sobre la Ley de Transparencia

En una mesa moderada por la profesora Yolanda Soto Vergara, se dieron tribuna el Encargado de Archivo Institucional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), Hugo Rueda Vildoso; la Jefa de la Oficina del Sistema Nacional de Archivos de la Dirección de Biliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), Patricia Huenuqueo Canales, y el Vicerrector de Desarrollo de la UPLA y abogado, Luis Bork Vega.

En la primera ponencia, Luis Bork hizo un análisis de las virtudes, limitaciones e insuficiencias de la nueva ley de acceso a la información pública donde destacó que «es interesante analizar algo más que la norma que nos permite acercarnos a la transparencia pública y ver que, en el plano de lo privado, por un tema de manipulación legislativa y política, no tenemos derecho a saber nada. Tenemos una ley coja, que no se atreve, por ejemplo, a tocar temas como el secretismo bancario, la construcción de balances de las grandes empresas, cuestiones todas que, si bien son originadas por privados, tienen que ver finalmente con prestaciones de servicios a un público: ¿Por qué sí uno le puede preguntar todo al Estado y nada al empresario?.

Reconozco que esta ley es un avance sustantivo, pero hay que señalarlo, todavía falta mucho que hacer por el verdadero acceso de la sociedad civil a la información y documentación de una sociedad no autista en el sentido de que todos debemos y tenemos el derecho de exigir accesos a la información, patrimonio de todos los habitantes, sin exclusiones sociales, económicas o culturales».

Posteriormente, el especialista en comunicación social y bibliotecología Hugo Rueda felicitó a la carrera por celebrar «una fecha significativa en el desarrollo de un área profesional con amplios desafíos a propósito de la temática que nos convoca, la llamada Ley de Transparencia». En este sentido planteó que «tener esta ley sobre acceso a información pública, es siempre mejor que carecer de ella, puesto que ésta podrá ser perfectible si la ciudadanía y la participación se articulan para ser vigilantes en términos de la aplicación justa, de la mejoría y superación de todas las insuficiencias que puedan encontrarse». «De alguna forma», agregó, «asistimos a un evento en el cual existe la voluntad política de un gobierno que ha dejado una huella en cuanto a los derechos ciudadanos y humanos. Aquí se plasma un anhelo histórico, lleno de luchas y esperanzas para que se concrete algo que no vemos como un regalo, sino una conquista».

En el plano laboral del bibliotecólogo, Rueda señaló que «una de las grandes dificultades de la Ley Nº20.285 tiene que ver con un tema que ha sido postergado, secundario y/o marginal a los intereses de la administración estatal, que tiene que ver con el manejo responsable, profesional, científico y hasta tecnológico en el uso, distribución y cuidado de los archivos públicos, que son la base documental de donde se extrae la información, de donde se visualizan los datos, ya sea a través de transparencia activa, esto es, la forma en que el Estado responde a las solicitudes de información de los ciudadanos, o de acercamiento de antecedentes a los solicitantes. He aquí una falencia sustantiva, que por un lado tiene que ver con los profesionales del área de la bibliotecología y de la gestión de información y, por otro, con la aplicación óptima de la ley de acceso a la información pública. Hacía falta, previa o paralelamente al poner en marcha esta normativa, una Ley de Archivos Públicos, que asegurara un adecuado tratamiento de la documentación administrativa y que no pase lo que ha sucedido históricamente: desaparición, omisión y hasta eliminación de material público».

Por su parte, Patricia Huenuqueo, señaló que es preciso, al alero de esta ley, «establecer consideraciones conceptuales, dada la noción entre los especialistas que al surgir esta ley, se han vulgarizado ciertos términos técnicos del área de los archivos y de las ciencias de la información, ofreciéndose definiciones ambiguas o relativas dadas las interpretaciones que de una u otra disciplina se tengan de cada palabra».

«Sin embargo -manifestó- hay otro aspecto que no es antojadizo y que tiene que ver con la implementación y disposición de capital y recurso humano capacitado en temas de manejo de documentación y, por cierto, en cuestiones del derecho y de transparencia pública. Por poner en cifras este dilema, está el hecho de señalar que en el país hay más de dos mil empresas públicas, de ellas, sólo el 2% tiene ingresada su información en el Archivo Nacional. De esa magnitud estamos hablando y de algo más: No hay en Chile alguna reglamentación que hable sobre conservación de documentación, pero sí en torno a la eliminación de ésta. No hay reglamentación ni habilitación de recursos físicos o personales que permita, por ejemplo, que el Archivo Nacional sea depositario de expedientes públicos. Falta, en ese sentido, mucho por hacer».

Reconocimientos

Al finalizar la jornada, las bibliotecólogas Francisca Martínez, Texia Iglesias, Lina Rosales y Mónica Gutiérrez recibieron un reconocimiento de manos de las autoridades universitarias por su rol y desempeño académico y en el mundo de la bibliotecología.