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Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
La preocupación por la sostenibilidad financiera de las universidades del Estado es legítima y debe ser compartida por todos quienes creemos en el fortalecimiento de la educación pública. Por eso, el análisis de la DIPRES sobre los estados financieros de las universidades públicas es una buena oportunidad para abordar una discusión necesaria.
Los estados financieros de 2025 muestran que 17 de las 18 instituciones obtuvieron resultados positivos, con un resultado agregado sobre los $433.000 millones, pero el resultado final de un ejercicio no permite, por sí solo, diagnosticar la sostenibilidad financiera de una universidad.
Para evaluar adecuadamente su situación financiera no basta con observar sus resultados: es necesario considerar también las condiciones bajo las cuales esos resultados se obtienen.
Las universidades estatales son instituciones públicas autónomas cuya misión va mucho más allá de la mera generación de ingresos. Deben formar profesionales idóneos, desarrollar investigación de calidad, generar conocimiento científico, vincularse con los territorios y contribuir al desarrollo productivo y social del país, estando sometidas a normas, restricciones y procedimientos que condicionan severamente su capacidad de gestión.
Aquí existe una paradoja que debemos enfrentar. Exigimos a las universidades estatales altos estándares de eficiencia financiera, pero mantenemos para ellas regulaciones que ralentizan, limitan y encarecen su gestión, en un marco de competencia asimétrica con las universidades privadas.
Esta asimetría ha sido constatada por la Fiscalía Nacional Económica, que ha concluido que las universidades estatales enfrentan cargas regulatorias y administrativas desventajosas frente a las instituciones privadas y recomendado profundizar en un tratamiento de derecho público diferenciado.
Además de los costos y obligaciones que sus competidores privados no enfrentan en términos equivalentes, se suma un sistema de financiamiento regulado por la ley 21.091, donde la brecha entre los aranceles regulados y los costos reales de operación debe ser absorbida por las instituciones.
Si queremos comprender adecuadamente el riesgo financiero de las universidades estatales necesitamos distinguir cuánto responde a decisiones de cada institución y cuánto a las condiciones regulatorias en que deben operar.
Otro ejemplo de factores que aumentan el riesgo es la oportunidad con la que llegan los recursos del propio Estado. Los desfases entre la tramitación de los actos administrativos y la transferencia efectiva de recursos comprometidos generan fuertes presiones de caja, que deben afrontarse con recursos propios o endeudamiento externo.
No pretendemos atribuir todos los problemas financieros a causas exógenas. Cada institución debe fortalecer su planificación y corregir oportunamente sus desequilibrios, pero para ello necesitamos diagnósticos capaces de identificar las distintas fuentes de riesgo y actuar sobre ellas.
La discusión que ha iniciado el Ministerio de Hacienda es una oportunidad para construir una agenda conjunta con las universidades estatales. No queremos eludir el debate sobre el riesgo financiero; queremos contribuir a que sea completo.
Medir el riesgo es necesario. Corregir las reglas que contribuyen a generarlo también lo es.
Marisol Durán Santis
Presidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile
Rectora Universidad Tecnológica Metropolitana
