En momentos en que el país discute su presupuesto para el año 2027, es fundamental recordar que la educación superior pública no constituye un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo de Chile.
La labor de una universidad pública se desarrolla en plazos que difícilmente coinciden con un ciclo presupuestario. Mientras la gestión financiera suele organizarse en períodos de doce meses, la formación profesional, la investigación científica y la vinculación con el medio responden a procesos que requieren tiempo para consolidarse. Cada estudiante que ingresa a nuestras aulas inicia un proyecto de vida a largo plazo; cada comunidad con la que colaboramos confía en una relación institucional permanente. La discusión sobre el presupuesto público debe incorporar esta perspectiva de continuidad, reconociendo que la estabilidad de estas trayectorias es una condición fundamental para que el conocimiento cumpla su propósito social.
La Universidad de Playa Ancha asume con orgullo su rol como institución pública al servicio de la región y del país. Entendemos que nuestro conocimiento cobra verdadero sentido cuando impacta en el entorno; por ello, impulsamos el desarrollo integral del territorio a través del cultivo de las artes, la cultura, las ciencias humanas y naturales, y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este compromiso trasciende la formación profesional: se despliega en investigación con pertinencia social que orienta la toma de decisiones, en una agenda cultural viva que cohesiona a la comunidad y en alianzas territoriales concretas para dar respuesta a desafíos postergados.
Construir y sostener esa presencia en el territorio exige constancia, tiempo y certezas. Por esta razón, la posibilidad de un ajuste presupuestario no puede analizarse únicamente como una operación contable. Detrás de un proyecto que se detiene o de un beneficio estudiantil que se restringe, existen personas y comunidades cuyas expectativas quedan suspendidas. Desmantelar un equipo de investigación o interrumpir un trabajo territorial provoca una ruptura cuyos costos de recuperación superan con frecuencia el ahorro inmediato.
Comprender la gravedad de estas interrupciones no implica ignorar la situación económica del país. Quienes dirigimos instituciones estatales asumimos el deber ético e institucional de gestionar con rigor, austeridad y absoluta transparencia, los recursos que la sociedad nos confía. Sin embargo, la responsabilidad pública exige también, advertir cuándo una mirada de corto plazo puede comprometer capacidades regionales cuya consolidación ha requerido décadas.
A través de sus universidades, el Estado cumple una misión educativa, científica, cultural y de desarrollo territorial. Asegurar estabilidad financiera y resguardar la continuidad de la labor universitaria es, en definitiva, garantizar la presencia activa del Estado en las regiones. Las decisiones presupuestarias que hoy se adopten no solo determinarán el funcionamiento del próximo año, sino la capacidad del país para sostener un proyecto de desarrollo equitativo y con arraigo territorial.
Fortalecer a las universidades estatales es fortalecer el futuro del país.
Violeta Acuña Collado
Rectora de la Universidad de Playa Ancha
Fuente: opinión publicada en El Mercurio de Valparaíso, domingo 25 de octubre de 2026 (acceso para suscriptores).
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