El rector de la Universidad de Playa Ancha y presidente del Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV), Carlos González, asistió a la sesión plenaria del CRUCH que se realizó la semana pasada en la Universidad del Bío-Bío en el que se acordó “llevar adelante una agenda de trabajo conjunta con el Ministerio de Educación”, comenta.
Asimismo, en la jornada estuvo presente la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, quien “expuso acerca de la sostenibilidad del sistema de educación superior, los mecanismos de cobranza del CAE, la flexibilidad curricular y la pertinencia de los programas”, cuenta, agregando que “en líneas generales, el espacio puso énfasis en la colaboración institucional para abordar temas críticos, asesorando al ejecutivo en el diseño e implementación de políticas públicas”.
Uno de los temas que no podía estar ausente era el recorte de presupuesto, aunque, según reconoce, “aún no se han recibido orientaciones”. “Sin embargo, el llamado es a garantizar que las funciones institucionales de nuestras universidades pueden desarrollarse de manera normal y que los beneficios de las y los estudiantes no se vean disminuidos, ya que estamos convencidos que los procesos de formación académica deben estar acompañados de condiciones mínimas para que nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades con dignidad”.
– Si hay una rebaja en el financiamiento, ¿qué áreas serían las más afectadas?
– Confiamos en que esta rebaja no afecte a una de las áreas más prioritarias para el desarrollo nacional. Creemos que el presidente y su equipo tomarán en consideración las observaciones que respetuosamente hemos planteado a sus equipos, todas fundadas en hechos concretos y verificables. (…) Una inquietud primordial refiere a la posibilidad de un ajuste en el presupuesto de educación superior. Las universidades estatales, sobre todo las regionales, cumplen su misión en contextos de mayor complejidad, acogen una matrícula con superiores niveles de vulnerabilidad e importantes brechas de escolaridad. Cualquier medida de ajuste fiscal que reduzca el financiamiento de nuestras universidades afectará su gestión, el desarrollo de las regiones y será un contrasentido con el propósito de descentralización que impulsa el gobierno.
– ¿Cuáles son los principales problemas de las universidades estatales y de las públicas no estatales de la región?
– Enfocarse en los problemas es perder de vista el aporte extraordinario y significativo que en prácticamente todos los ámbitos de la experiencia humana y social realizan nuestras instituciones. Entonces, el problema emerge cuando esos principios se ven debilitados o su concreción se pone en duda, lo que no es solo una afectación a las tareas o funciones misionales de las instituciones de educación superior, sino que tienen un impacto concreto en el desarrollo de toda la región y el país. Los problemas principales de las universidadesson su financiamiento y el modo en que el Estado, históricamente, se ha relacionado con ellas. La baja en la matrícula de algunas carreras, el destiempo en los depósitos por concepto de gratuidad, o la discontinuidad de programas fundamentales tienen implicancias concretas en el quehacer de las comunidades universitarias.
“Además, otras situaciones más coyunturales también son materia de nuestra preocupación. ¿Por ejemplo? El tema de la seguridad, no solo desde el punto de vista de la ocurrencia de hechos de violencia como asaltos o robos sino que, por ejemplo, la seguridad vial. Hemos debido lamentar la muerte en estos últimos años de dos estudiantes universitarias, víctimas de la irresponsabilidad de conductores de la locomoción colectiva. A raíz de eso, levantamos una comisión intersectorial que está trabajando en medidas concretas que terminen con este tipo de situaciones tan dolorosas e irreversibles”, añade.
Efectos de las políticas
– ¿Cuál ha sido el impacto real de la gratuidad?
– Ha sido una política tremendamente positiva, en general, para las instituciones de educación superior y en particular, por supuesto, para las universidades públicas y estatales. En el caso de la Universidad de Playa Ancha, es un instrumento realmente significativo: en este momento un poco más del 72% de los estudiantes desarrollan sus procesos académicos bajo la modalidad de gratuidad, asegurándoles, entonces, un estudio tranquilo para poder desarrollar sus trayectorias formativas sin mayores dificultades, teniendo una tasa de aprobación y una tasa de permanencia en el sistema muy positiva. Por lo tanto, eso ayuda y favorece notablemente a los resultados de nuestras instituciones. Tenemos que valorar que esta política siga en marcha, porque continúa favoreciendo a grupos de hombres y mujeres que, con bajos recursos, de otra forma no podrían llegar a la educación superior, pero a través de este mecanismo se puede buscar, justamente, todos aquellos talentos que están dispersos en el territorio y darles una oportunidad para ingresar a la educación superior. Por lo tanto, es una política extraordinaria.
– Esta idea de limitarla por edad, que al parecer no ha tenido mucha aceptación, ¿por qué cree que surge?
– Afortunadamente, esta propuesta no ha prosperado, quedando solamente como un titular, porque, al parecer, no había mucha información al respecto. Aunque para algunos el proceso formativo es comprendido como una trayectoria continua y lineal, es decir, si un estudiante de la educación media egresa en cualquiera de sus modalidades a los 18, 19 o 20 años, se tiende a pensar que debe cursar inmediatamente 5 o 6 años de estudio en la universidad. Sin embargo, esta realidad no es así. Hay muchos jóvenes que, terminada la enseñanza media, por distintas razones se ven obligados a buscarse la vida de otra forma y postergar sus necesidades de estudio hasta otro momento y, a lo mejor, cuando se da la oportunidad y sus condiciones han mejorado, recién postulan a la educación superior y eso puede ocurrir tal vez a los 25 o 26 años. Entonces, la gratuidad debiera darles también la posibilidad a ellos de alcanzar el sueño de un título técnico-universitario o un título profesional que les permita habilitarse y desempeñarse de mejor forma en el ambiente laboral.
“También -continúa-, ocurre con algunos adultos de 35 años o más, que han entrado al mundo laboral, se han capacitado, han hecho distintos cursos, pero llega un momento en que se les da la oportunidad para poder obtener un título profesional y, por supuesto, sería muy bueno que puedan optar a beneficios del Estado para poder financiar sus estudios y resolver sus problemas de financiamiento. Hoy tenemos estudiantes que concluyen sus estudios en distintas modalidades; por ejemplo, en carreras vespertinas, algunos realizan dos cursos en una, estas experiencias formativas los incentivan a continuar sus estudios, transformando sus vidas, considerando que en las carreras técnico-profesionales hay una gran cantidad de hombres y mujeres que empiezan a desarrollar sus procesos formativos contando ya con experiencia en el mundo laboral. Por lo tanto, la gratuidad se convierte en su única posibilidad”.
“La formación no es un hecho continuo en edades, sino que depende de oportunidades del contexto y, por sobre todo, de las trayectorias personales, que son distintas para cada ciudadano”, añade.
– ¿Cuán relevante ha sido el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE)?
– Las y los estudiantes que participan en el PACE tienen entre un 17% y un 45% más de probabilidades de ingresar a universidades del CRUCH, en comparación con sus pares de similar origen socioeconómico. Opera bajo criterios de aceptación, asegurando cupos para estudiantes con muy baja probabilidad de acceso vía admisión regular. Además, democratiza el acceso y protege a los estudiantes más vulnerables del abandono.
– ¿Qué pasaría si este programa se elimina? ¿Se tiene una estimación de cuántos jóvenes se benefician?
– A nivel nacional, cientos de estudiantes participan en este programa. Por lo tanto, su eliminación dejaría a un importante número de jóvenes fuera del sistema de educación superior. En el caso de la UPLA, este año se matricularon 76 estudiantes en las distintas carreras que ofrece la universidad.
– ¿Qué opina de esta propuesta de acortar carreras y revisar títulos?
– Las instituciones de educación superior siempre estamos en continuo cambio, reformulando y creando nuevas carreras, redefiniendo perfiles de ingreso y egreso, para las distintas posibilidades de estudio. Por lo tanto, repensar las carreras, considerando la realidad actual, los avances de la tecnología y uso de la inteligencia artificial sugiere hacer cambios importantes en nuestras universidades. Se requiere una reflexión, que ya hemos iniciado. Tenemos muy buenos ejemplos en nuestras universidades de acortamiento de carreras, en ingenierías civiles que antiguamente eran de 7 años, hoy día han bajado a 5; en medicina, en algunas instituciones, han disminuido a 6 años. Se está haciendo un esfuerzo por poder acortar los tiempos, entendiendo que el mundo ha cambiado. Estamos disponibles desde las universidades a seguir trabajando en las actualizaciones de los modelos educativos, con el fin de que nos permitan ofrecer a las y los estudiantes programas académicos que respondan a las necesidades de la sociedad. La revisión de títulos nos parece sustantiva, necesitamos un marco de cualificaciones que sea robusto, además de que sea un faro orientador para las distintas universidades. Las universidades del CRUCH tienen marcos regulatorios comunes y que respetamos, pero, por otro lado, hay un grupo de universidades que no se rigen por las mismas reglas, y ahí creemos que es importante revisar las exigencias para las distintas titulaciones. Se necesitan reglas claras para todas las universidades, independientes de la naturaleza de las instituciones (públicas, estatales y privadas), además de considerar un marco regulatorio que entregue reglas claras para todo el sistema de educación superior.
Fuente: entrevista publicada en El Mercurio de Valparaíso, cuerpo Domingo de Reportajes», el domingo 3 de mayo de 2026 (acceso para suscriptores).
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