En tiempos marcados por profundas tensiones sociales, políticas y culturales, reflexionar sobre los derechos humanos en la vida democrática se vuelve una necesidad urgente, en especial, en un escenario nacional e internacional en el que conceptos como dignidad, justicia y garantías fundamentales son constantemente puestos a prueba por las transformaciones del poder, las desigualdades y las demandas ciudadanas.
Bajo dicha premisa, la carrera de Derecho de la Universidad de Playa Ancha organizó el conversatorio “Cultura Jurídica y Eficacia de los Derechos Humanos en Chile”, espacio de análisis y diálogo que convocó a destacados profesionales del ámbito legal y académico, para debatir sobre los alcances, desafíos y tensiones que atraviesan el discurso de los DD.HH. en nuestro país.
La iniciativa, que tuvo lugar en el Aula Dr. Félix Morales Pettorino de Casa Central, contó con la participación de los siguientes panelistas: ministra Silvana Donoso, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso; Jaime Bassa, académico y diputado de la República; y Ewald Meyer, académico de Derecho UPLA y abogado litigante; quienes fueron moderados por Cristopher Díaz, académico de la carrera de Derecho de la UPLA.
En la actividad se hizo presente la comunidad universitaria, invitadas e invitados externos, pero en especial y de manera masiva, estudiantes pertenecientes a diversas generaciones de la carrera de Derecho, quienes tuvieron la oportunidad de conversar con las y los expertos por medio de cuestionamientos vinculados a la temática y al ejercicio de la abogacía.
El recientemente proclamado decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Tomás Koch Ewertz, en su primera aparición pública como autoridad universitaria, brindó un discurso donde aseveró que este debate cobra doble relevancia en la facultad, “porque nos permite problematizar lo que como institución hemos creado como componente fundamental de nuestro Modelo Educativo: la formación para la ciudadanía y los DD.HH., invitándonos a avanzar desde la mera retórica de los derechos hacia una incorporación efectiva de los mismos en la formación del estudiantado de la universidad. Junto a esto, y particularmente para la facultad, el tema posee especial sabor; tenemos la carrera de Derecho, en su sexta cohorte, que está formando futuras y futuros abogados que tendrán la tarea de operativizar y defender los derechos humanos en su propio quehacer profesional”, dijo el doctor en Sociología.
Uno de los organizadores de la actividad y director de la carrera de Derecho de la UPLA, Cristopher Corvalán, manifestó que el conversatorio fue construido con personas de vasta experiencia en materia de DD.HH., quienes se desempeñan en litigación, judicatura, academia y legislatura. “La idea era que nuestros estudiantes pudiesen asistir a una reflexión colectiva, una conversación donde los derechos humanos asuman el carácter que tienen en la vida social y no dentro del aula, son herramientas a las que recurren grupos que se encuentran en una posición subordinada, en alguna situación de opresión, con el fin de alcanzar un estándar de vida”, declaró.
Sistema Judicial
Sobre los desafíos del Poder Judicial para garantizar el acceso efectivo a la justicia, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ministra Silvana Donoso, expresó que el mayor está vinculado a “entender la justicia como un campo que cada día está más grande, porque Chile tiende a judicializarlo todo. Entonces, ¿se soluciona esto con más jueces? Probablemente. En algunas áreas hemos jibarizado lo laboral, hemos jibarizado lo que es familia, porque no hay jueces suficientes para esto. Tampoco tenemos una gran difusión de cómo podemos llegar efectivamente a exigir nuestros derechos cuando jurisdiccionalmente corresponde. Creo que tenemos muchas deficiencias, tenemos un presupuesto que no alcanza para realizar el trabajo que debemos hacer y el mismo se está convirtiendo, de algún modo, en una necesidad de cumplir metas que va en contra de la calidad, por privilegiar la cantidad”.
Además, comentó que la sobrecarga en el sistema judicial impacta en una justicia que no es oportuna: “y una justicia no oportuna, no es justicia. Por lo tanto, allí es donde deberíamos tener algunas modificaciones para lograr que se cumpla específicamente con la oportunidad de la decisión”.
En torno a la desconfianza existente en el sistema judicial por parte de la población, la ministra Donoso reflexionó: “Confiar cuesta mucho, pero desconfiar no cuesta nada. No podemos tapar el sol con un dedo (…) Con los grandes casos de corrupción que hemos conocido en el Poder Judicial, es muy difícil volver a tener confianza. ¿Qué debemos hacer? Creo firmemente en la transparencia; en la medida en que nuestra actuar sea transparente, en que se conozca lo máximo de nuestro trabajo, es posible que algún día se vuelva a tener confianza”.
Marco Constitucional
En cuanto al rol que juega el marco constitucional en la eficacia de los DD.HH. en Chile, el diputado, académico y abogado, Jaime Bassa, comentó que tanto los derechos humanos que se reconocen en los tratados internacionales, como los derechos fundamentales de nuestra Constitución, cumplen una función trascendental para la convivencia democrática. “En eso, el diseño constitucional es clave para garantizar no solamente una titularidad efectiva, sino que, además, un ejercicio que pueda ser garantizado para todos y todas, para todos los sectores de la sociedad, las distintas clases sociales, hombres y mujeres, diversidad y pueblos originarios. Y ahí el modelo de reconocimiento y protección constitucional juega un papel importante, para evitar compromisos parciales con ese catálogo de derechos fundamentales y que la garantía pueda ser efectivamente universal”.
Sobre la principal deuda del Estado en materia de garantía de derechos, aseveró que la misma está vinculada con las condiciones materiales efectivas para que todas las personas que son titulares formales de derechos fundamentales, los puedan ejercer, “porque en un país tan desigual como éste, donde el origen social y el género es tan determinante, las condiciones materiales son un mínimo que el Estado deberá garantizar para que esos derechos se puedan ejercer en condiciones de igualdad”.
Y en relación a cómo es posible avanzar en mecanismos que aseguren el reconocimiento y la materialización de los derechos, consideró fundamental avanzar hacia una articulación entre los poderes políticos y la organización de la sociedad civil. “Los poderes políticos no siempre avanzan con la velocidad que la ciudadanía espera. Efectivamente, esa trenza, esa articulación entre la realidad social y los ritmos de la política, es fundamental para que las leyes puedan responder a tiempo ante los requerimientos”.
Práctica Jurídica
Por su parte, el académico de Derecho UPLA y abogado litigante, Ewald Meyer, analizó la principal barrera que enfrentan las personas para hacer valer sus derechos, y concluyó que la misma tiene relación con la calidad de los operadores jurídicos, “porque la información está, las instituciones están, están accesibles a todos, pero desde la práctica, los operadores a veces impiden que puedan ejercer correctamente sus derechos. Y no estamos hablando solamente de un proceso de iniciar alguna acción destinada a resguardarlos, sino que realmente se garanticen y se resuelvan los conflictos conforme a los estándares que existen en el ordenamiento jurídico”.
Finalmente, sobre cómo dialoga la teoría del Derecho con la práctica en materia de DD.HH., Meyer planteó la necesidad fundamental de armonizar la teoría con la práctica, “porque, en primer lugar, es necesario comprender un problema antes de trazar distintas hipótesis de solución y, en ese sentido, la teoría tiene que ser reforzada para poder comprender realmente los problemas de relevancia jurídica. De otra manera, no se pueden diseñar soluciones efectivas”.
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